Empresas ligadas al grupo español Azvi, implicado en la presunta red de corrupción conocida como el caso Koldo, obtuvieron contratos en México por más de 58 mil millones de pesos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en obras emblemáticas como el Tren Maya, el Tren Interoceánico y el Trolebús elevado de Iztapalapa.

Documentos oficiales revelan que, tras una reunión sostenida en 2019 entre funcionarios españoles y autoridades mexicanas, entre ellos, el entonces titular de la Secretaría de Infraestructura, Javier Jiménez Espriú, y el ex presidente del Senado, Ricardo Monreal, filiales de Azvi como Construcciones Urales y Construcciones Urales Procesos Industriales comenzaron a ser favorecidas con contratos multimillonarios por adjudicación directa o mediante consorcios.

Uno de los principales contratos fue otorgado por la Secretaría de Marina en 2019, por mil 103 millones de pesos, para rehabilitar vías del Tren Interoceánico.

Luego vinieron cinco contratos durante la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México para el desarrollo del Trolebús elevado, con un monto acumulado de mil 219 millones de pesos.

La participación de Azvi se extendió al Tren Maya. En 2020, la empresa recibió una adjudicación por 10 mil 192 millones de pesos para la construcción del Tramo 3; sin embargo, el costo final reportado por Fonatur ascendió a 19 mil 503 millones de pesos.

En 2021, Azvi, en conjunto con empresas como Bombardier y Alstom, obtuvo otro contrato por 36 mil 563 millones de pesos para el suministro de vagones y sistemas ferroviarios.

Estas asignaciones habrían provocado un crecimiento del 262 por ciento en las ganancias del grupo Azvi en México, de acuerdo con reportes de la propia empresa.

Los vínculos con el caso Koldo

La investigación judicial abierta en España involucra al exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, señalados de beneficiar a ciertas empresas a cambio de sobornos.

El empresario Víctor Aldama, también imputado, declaró ante la justicia que él mismo intermedió en la obtención de contratos del Tren Maya para empresas españolas, luego de viajar a México en febrero de 2019 junto con Ábalos y García.

Aldama reconoció haber recibido comisiones por su participación y detalló que, tras las reuniones con funcionarios mexicanos, se pactó un convenio de colaboración entre México e INECO, empresa estatal española, para facilitar la licitación a compañías españolas.

El contrato con INECO, por 22 millones de euros, se formalizó en diciembre de 2020, bajo la figura de “operador sombra” de Fonatur. Según Aldama, el objetivo era elevar la puntuación técnica de las propuestas españolas en los concursos de obra pública.

Obras bajo la lupa

Uno de los contratos más cuestionados es el del Tren Maya, donde se reportó un descarrilamiento en marzo de 2024, poco después de que el tramo correspondiente entró en operaciones. Las empresas involucradas en ese consorcio fueron precisamente las señaladas por Aldama.

En la Ciudad de México, las obras del Trolebús elevado tampoco han cumplido con todas las expectativas. Aunque Sheinbaum lo promovió como una solución innovadora, los habitantes del oriente del Valle de México han enfrentado dificultades debido a que las unidades deben salirse de los carriles confinados para transitar por calles de municipios como Chalco y Valle de Chalco.

La defensa de Azvi

En enero de este año, Grupo Azvi envió una carta al juez que lleva el caso en España solicitando ser reconocida como parte afectada, negando las declaraciones de Aldama y calificándolas como “completamente inciertas”.

El caso Koldo se originó por contratos otorgados durante la pandemia de COVID-19 para la adquisición de equipo médico, pero ha escalado hasta involucrar megaproyectos de infraestructura en México.

Los contratos en territorio mexicano, principalmente durante el sexenio de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital, hoy están en el ojo del huracán.