En marzo de 2026, la violencia homicida volvió a concentrarse en un puñado de entidades. Siete estados acumularon el 50.2 por ciento de los casos de homicidio doloso en el país, equivalente a 799 víctimas, de acuerdo con cifras oficiales.

El listado de las diez entidades con mayor incidencia lo encabezan Guanajuato y Chihuahua, ambos gobernados por el PAN, seguidos por ocho estados bajo administraciones de Morena: Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Sonora.

La distribución evidencia que, aunque los primeros lugares corresponden a gobiernos panistas, la mayoría de los focos rojos se ubican en entidades gobernadas por Morena, que concentran ocho de los diez estados con más homicidios en el país.

En términos absolutos, Guanajuato se mantiene como el epicentro de la violencia, con una proporción significativamente superior al promedio nacional, fijado en 49.78 víctimas. Chihuahua ocupa la segunda posición, también por encima de esa media.

Detrás, el bloque de entidades morenistas muestra una dispersión territorial de la violencia: desde la frontera norte, con Baja California y Sonora, hasta el sur con Guerrero y Oaxaca, pasando por zonas densamente pobladas como el Estado de México.

En contraste, Yucatán se colocó como la entidad con la incidencia más baja, al no reportar casos de homicidio doloso durante el periodo.

El comportamiento de los datos confirma una tendencia persistente: la violencia letal en México no sólo se concentra geográficamente, sino que también refleja una presión sostenida sobre gobiernos estatales de distintos signos políticos, sin que hasta ahora se observe una contención clara en las entidades con mayores niveles de incidencia.