La promesa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con el huachicol en México terminó en una cifra reveladora: solo nueve sentencias por robo de combustible en casi seis años de gobierno.
Entre enero de 2019 y septiembre de 2024, apenas 54 personas fueron consignadas ante la autoridad judicial por este delito, y sólo nueve recibieron sentencia, según un informe interno de Petróleos Mexicanos (Pemex). Una cifra irrisoria si se compara con el sexenio anterior (2013-2018), cuando 716 presuntos huachicoleros fueron consignados y 299 sentencias fueron obtenidas por el Ministerio Público.
El contraste es aún más marcado si se considera que el combate al huachicol fue una de las banderas insignia del Gobierno de la Cuarta Transformación, y que los primeros meses del sexenio de AMLO estuvieron marcados por operativos espectaculares, bloqueos a ductos, escasez de gasolina y discursos contra las “mafias del robo”.
Sin embargo, el golpe de efecto no se tradujo en una reducción significativa del delito ni en justicia contra quienes lo perpetran.
A pesar de que la narrativa oficial asegura una disminución de tomas clandestinas, fuentes al interior de Pemex revelaron que el robo de hidrocarburos se mantiene con un promedio de 4 mil barriles diarios, cifra que incluso aumentó a 4 mil 700 barriles por día hacia el final del sexenio lopezobradorista, equivalentes a 747 mil litros de combustible saqueados cada 24 horas.
Desde el 1 de octubre de 2024, ya bajo la Administración de Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal dejó de informar oficialmente sobre las pérdidas de Pemex por tomas clandestinas. Aunque se siguen anunciando operativos, las cifras duras sobre el impacto real del desvío de combustible han sido omitidas.
“La tendencia en robo es la misma, con altibajos, pero se detiene a menos gente. Sólo hay hallazgos de combustibles o instalaciones huachicoleras”, lamentó una fuente del área jurídica de Pemex consultada por Reforma. “Dime dónde hay detenidos por el huachicol hallado en Tampico, por el aumento de tomas en Nuevo León o por el caso de la refinería en Veracruz”.
Las denuncias por huachicol aumentaron 22% de enero a mayo de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, según datos internos de Pemex. Se estima que el Ministerio Público Federal recibe alrededor de 23 denuncias diarias, frente a las 18 del mismo lapso en 2024.
Los estados con mayores repuntes en esta actividad ilícita son Querétaro, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Baja California, Nuevo León y Veracruz, zonas ya identificadas como corredores clave del mercado negro de combustibles.
El pasado miércoles, operativos federales catearon dos predios en Coatzacoalcos, Veracruz, y Allende, Nuevo León. En uno se localizó una “refinería” clandestina con 500 mil litros de crudo ilegal y en el otro un centro de acopio con más de millón y medio de litros de hidrocarburos robados. En ambos casos, no hubo un solo detenido.
Más show que resultados
Durante el nuevo sexenio, el combate al huachicol parece haberse convertido en un discurso más que en una política efectiva. Si bien los decomisos persisten, la falta de procesamientos penales y la opacidad en las cifras levantan dudas sobre la voluntad real del Estado mexicano para frenar esta red criminal, que involucra a bandas del crimen organizado, redes de complicidad institucional y empresas fachada.
Las cifras no mienten: el gobierno que prometió acabar con el huachicol no solo falló en erradicarlo, sino que lo dejó operar con mayor impunidad. Y hoy, mientras los ductos siguen siendo ordeñados, las cifras oficiales prefieren el silencio.