En una mesa de trabajo que buscaba avanzar en el respeto a los derechos humanos, el gobierno municipal de Tepatitlán fue escenario de expresiones discriminatorias por parte de dos funcionarias públicas que desestimaron y atacaron la propuesta de un protocolo de atención a personas LGBTTTIQA+.
Durante la reunión realizada el pasado 14 de mayo en la Presidencia Municipal, la regidora del PRI, Patricia Villalobos Navarro, y la coordinadora de Derechos Humanos, Irma Yolanda García Gómez, del PAN, se manifestaron en contra del proyecto impulsado por la regidora de Movimiento Ciudadano, Lupita Reynoso, y, según denunció el colectivo feminista Mujeres, Resistencia y Democracia, se refirieron a las personas LGBT como “lo peor que hay en Tepa”.
La propuesta, que tiene como objetivo establecer un protocolo interno de atención a la población diversa desde un enfoque de derechos humanos, fue desestimada con expresiones de abierta exclusión. Las declaraciones, lejos de promover el diálogo, encendieron las alarmas en colectivos ciudadanos que han impulsado por años una agenda de igualdad y respeto.
“El posicionamiento de estas funcionarias pone en riesgo los derechos que tanto nos ha costado conquistar”, lamentó el colectivo en un pronunciamiento difundido tras el encuentro. “Nuestros derechos y dignidad no se negocian”, agregaron, en una postura que exige rendición de cuentas a quienes ocupan cargos públicos y deberían velar por todas las personas, sin distinción.
Frente al clima de hostilidad, el colectivo convocó luego a una reunión con el fin de dialogar con la regidora promotora del protocolo y organizar una respuesta ciudadana frente al retroceso institucional.
La polémica exhibe no solo la ausencia de una política municipal con enfoque de inclusión, sino también la resistencia activa de sectores del poder ante cualquier avance en materia de derechos sexuales y diversidad.
Mientras en buena parte del país se avanza en el reconocimiento de las identidades y orientaciones no normativas, en Tepatitlán, pleno 2025, aún se debate si la comunidad LGBT+ merece atención digna en las instituciones públicas.Esta no es solo una disputa partidista. Es una pugna entre el derecho y la discriminación, entre la obligación institucional de garantizar derechos y la persistencia de prejuicios en el poder.
