Una obra pública de 14 millones de pesos destinada a rehabilitar una ciclopista en la alcaldía La Magdalena Contreras, en Ciudad de México, quedó en el centro de cuestionamientos luego de que comenzara a presentar desperfectos apenas cuatro meses después de su entrega.
La infraestructura, ubicada en la colonia San Jerónimo Aculco, fue intervenida con el objetivo de recuperar la funcionalidad y seguridad de este corredor de movilidad sustentable. Sin embargo, usuarios y vecinos han reportado cuarteaduras en la superficie de rodamiento y un desgaste prematuro de la pintura de los señalamientos horizontales.
El deterioro anticipado ocurre mientras la empresa Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, responsable de los trabajos, enfrenta señalamientos relacionados con la forma en que obtuvo el contrato.
Señalan competencia simulada
De acuerdo con las indagatorias referidas en el caso, la compañía habría recurrido a un esquema de competencia simulada, mediante el cual otras empresas habrían participado como supuestos competidores sin representar una verdadera disputa por el contrato.
Este tipo de prácticas, conocidas como “rivales de papel”, pueden restringir la libre concurrencia en los procesos de contratación pública y favorecer adjudicaciones en condiciones poco competitivas. Entre los indicios que suelen ser revisados por las autoridades se encuentran posibles vínculos entre empresas participantes, como administradores o representantes legales compartidos.
El contrato para la rehabilitación de la ciclopista ascendió a 14 millones de pesos, recursos públicos destinados a mejorar un espacio utilizado diariamente por ciclistas y peatones.
Una obra que duró apenas meses
La infraestructura comenzó a mostrar señales de deterioro a tan solo cuatro meses del corte de listón y de su entrega formal.
Las fallas reportadas incluyen grietas en la superficie y pérdida de pintura, desperfectos que no solo cuestionan la calidad de los materiales y de la ejecución, sino que también pueden representar un riesgo para quienes utilizan el corredor.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la supervisión de las obras públicas realizadas por las alcaldías, particularmente cuando se trata de contratos que involucran cantidades millonarias y cuya calidad debe garantizarse durante su vida útil.
Buscan hacer válida la garantía
Ante las deficiencias detectadas, autoridades locales han iniciado procedimientos para determinar responsabilidades y hacer efectiva la garantía contemplada en el contrato.
Como parte de estas acciones, se busca el cobro de una fianza por 1.4 millones de pesos, con el propósito de responder por los daños derivados de la ejecución deficiente de los trabajos.
El caso plantea cuestionamientos sobre dos etapas fundamentales de la contratación pública: la forma en que se selecciona a las empresas y la supervisión que se realiza durante la ejecución de las obras.
Mientras se determinan las responsabilidades correspondientes, una ciclopista que costó 14 millones de pesos al erario enfrenta un deterioro prematuro que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de licitación, fiscalización y supervisión técnica de la infraestructura pública en la Ciudad de México.
