En la última década, casi 500 recién nacidos han llegado a urgencias con síndrome de abstinencia u otros trastornos por consumo de drogas durante la gestación. Sin protocolos médicos ni infraestructura adecuada, el Estado responde con denuncias al Ministerio Público y la separación de madres e hijos.
La política antidrogas en México ha colocado a mujeres embarazadas usuarias de drogas en un doble riesgo: el de su salud y el de ser tratadas como delincuentes. Sin protocolos médicos claros y con una normativa desactualizada, el personal de salud reporta sus casos al Ministerio Público (MP), lo que deriva en procesos judiciales y, en muchos casos, en la separación de madres y recién nacidos.
De 2011 a 2024, casi 500 bebés llegaron a salas de urgencias con síndrome de abstinencia, intoxicación o delirios vinculados al consumo de drogas durante la gestación. Solo en 2024 se registró la cifra récord de 54 casos. Sin embargo, no existe en el país una red de atención integral para estas madres y sus hijos.
Entre el estigma y la falta de atención
La metanfetamina se ha convertido en la droga de mayor impacto en el país. Según datos de la Secretaría de Salud, es el principal motivo por el que las personas acuden a rehabilitación, y su consumo ha crecido incluso entre mujeres embarazadas.
En Jalisco, el Hospital Civil de Guadalajara reportó este año a 38 embarazadas usuarias de drogas —la mayoría de cristal— al MP. En Quintana Roo, la notificación se hace según el criterio del personal médico. La Ley General de Salud establece que el consumo personal no es delito, pero la práctica de reportar estos casos se sostiene en la figura de “caso médico legal”, pese a que las Normas Oficiales no lo exigen.
“Hay que abordarlo con compasión y empatía, no con estigma y criminalización”, señala Corina Giacomello, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas.
La institucionalización como destino
Cuando las autoridades determinan que la madre no puede garantizar un entorno seguro, los recién nacidos son enviados a casas hogar. En Jalisco, de 2021 a 2024, el MP intervino en 93 casos y en lo que va de 2025 ya suman 72, según la Procuraduría del Menor estatal.
No todas las instituciones están preparadas para atender a bebés con síndrome de abstinencia. Carecen de personal especializado, protocolos y equipo médico. En algunos casos, los menores permanecen años institucionalizados antes de reintegrarse a un entorno familiar, en condiciones que organizaciones como Conexiones de Byda califican como “una vulneración adicional de sus derechos”.
Una historia en primera persona
Alejandra, una joven de Cancún, vivió dos embarazos bajo el consumo de cristal. Su segunda hija nació con síndrome de abstinencia y recibió metanfetamina a través de la leche materna. Nunca buscó atención médica por miedo a ser denunciada.
“Muchas veces quieres dejarla, pero no puedes. Necesitas la mano de un centro que te cierre el paso a la droga”, cuenta desde un centro de rehabilitación irregular donde lleva tres meses limpia.
Consciente del daño que la adicción causó a sus hijos, Alejandra ahora quiere convertirse en un puente para otras mujeres en su situación. “Toda madre, aunque sea adicta, tiene derecho a cambiar por su hijo”, afirma.
Mientras tanto, el vacío en las políticas públicas y la falta de infraestructura especializada dejan a madres y bebés en un limbo entre la criminalización y el abandono institucional.
Esta nota está basada en el reportaje y trabajo de CONECTAS y Animal Político