En una publicación difundida en sus redes sociales,Jorge Máynez, ex candidato presidencial por Movimiento Ciudadano calificó a Morena como “el partido más caro del mundo” y aseguró que en una década ha recibido alrededor de 30 mil millones de pesos en financiamiento público, sin que se haya “regresado un solo peso”. En su mensaje también rememoró el polémico fideicomiso vinculado al sismo de 2017, que fue investigado y sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por irregularidades que en ese momento se calificaron como “fraude a la ley”.
De acuerdo a registros de medios nacionales, la cifra que citó Máynez coincide con una recopilación de asignaciones federales y locales que, en el periodo 2016-2025, suman más de 29 mil millones de pesos destinados a Morena para su operación, de acuerdo con datos públicos y reportes difundidos recientemente.
El crecimiento de los recursos públicos asignados al partido ha sido constante: sólo entre 2023 y 2024 el financiamiento para su operación aumentó 65%, al pasar de 1,909 a 3,159 millones de pesos, según cifras del INE y reportes de medios económicos. Ese incremento se enmarca en un contexto donde Morena se perfila como el partido que más recursos recibirá para el ciclo electoral venidero.
El financiamiento público a los partidos políticos en México se distribuye conforme a fórmulas establecidas en la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, y es aprobado por el Consejo General del INE. Para 2025, el total del presupuesto público destinado a los partidos asciende a más de 7 mil 300 millones de pesos, con Morena como uno de los principales beneficiados en ese reparto nacional.
El señalamiento de Máynez sobre el fideicomiso del sismo de 2017 remite a uno de los escándalos de financiamiento más sonados en la historia reciente del partido. En 2018, el INE determinó que Morena incurrió en una conducta que constituyó “fraude a la ley” por la forma en que se estructuró y alimentó un fideicomiso paralelo, el cual no fue reportado adecuadamente ante el instituto y fue nutrido con recursos de origen cuestionado. Esa operación derivó en una sanción por 197 millones de pesos, en un proceso que generó debate sobre transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos partidistas.
En su postura pública, Máynez enfatizó que, a pesar de las promesas fundacionales de Morena, entre ellas la de una nueva política sin derroches ni opacidad, los recursos recibidos no han sido “devueltos” ni revertidos en beneficio de la ciudadanía en proporciones que justifiquen su magnitud. Su mensaje se inserta en el debate nacional sobre el costo del sistema de partidos y la percepción pública de que algunos recursos no siempre se traducen en resultados tangibles o son administrados con plena claridad.
El partido, en sus comunicaciones previas, ha defendido la legalidad de los recursos que recibe y ha resaltado que el financiamiento público es un mecanismo diseñado para garantizar la pluralidad y la operación de las fuerzas políticas en un sistema democrático.
Analistas de Mexicanos Contra La Corrupción han señalado que, si bien el financiamiento público busca evitar dependencias privadas y asegurar independencia, su crecimiento sostenido intensifica la exigencia ciudadana de mayores mecanismos de supervisión, seguimiento del gasto y resultados claros. En ese sentido, las críticas como la de Máynez alimentan la discusión sobre si el modelo actual cumple con sus objetivos de transparencia y eficiencia.
La publicación de Máynez coincide con la coyuntura previa a procesos electorales y con un entorno donde el escrutinio sobre el uso de recursos públicos a partidos cobra relevancia, en especial cuando se confrontan discursos fundacionales con rendición de cuentas, la austeridad republicana y percepciones ciudadanas sobre el gasto político y el derroche.
