En distintas entidades del país han comenzado a consolidarse reformas legislativas y acciones judiciales que, sin mencionar abiertamente la palabra “censura”, han generado preocupación entre especialistas y organizaciones de derechos humanos. Tal es el caso de Puebla y Campeche, donde en semanas recientes se han encendido las alertas sobre posibles restricciones al ejercicio de la libertad de expresión.
En Puebla, el Congreso local aprobó el pasado 13 de junio una reforma al Código Penal conocida por críticos como “Ley Censura”. Bajo el nombre oficial de Ley de Ciberseguridad, la norma tipifica el delito de “ciberasedio” y sanciona con hasta tres años de cárcel y 40 mil pesos de multa a quienes profieran ofensas o insultos reiterados en redes sociales, si estos son considerados una agresión a la salud mental o integridad emocional de una persona.
Aunque las autoridades poblanas aseguran que el objetivo es proteger la dignidad personal, organizaciones como Amnistía Internacional han advertido que esta ley contiene tipificaciones ambiguas que podrían ser usadas arbitrariamente contra periodistas, activistas o ciudadanos críticos. “La ciberseguridad no debe ser excusa para criminalizar la opinión”, señaló la organización en un mensaje difundido en su cuenta oficial.
El riesgo, advierten expertos como el académico Manuel Alejandro Guerrero, es que este tipo de normas puedan replicarse en otros estados con mayorías legislativas alineadas con los gobiernos en turno, especialmente en entidades gobernadas por Morena. “Podría convertirse en una herramienta para eliminar del debate público opiniones incómodas y limitar el derecho a disentir”, señaló.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó que estas medidas abren la puerta a la eliminación de contenidos “no por falsos, sino por ser incómodos para quienes ostentan el poder”, afectando el derecho colectivo a informarse.
Mientras tanto, en Campeche, la judicialización del ejercicio periodístico también preocupa a defensores de la libertad de prensa. En días pasados, el periodista Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna, fue vinculado a proceso tras una denuncia de la gobernadora Layda Sansores San Román, quien lo acusa de incitación al odio y violencia en su contra. El caso ha sido señalado como un ejemplo de uso del aparato judicial para silenciar la crítica, especialmente en contextos donde los reporteros han documentado casos de corrupción o abuso de poder.
“Con estos hechos que se han presentado en Puebla y Campeche vemos que se intenta la censura y una limitación a los derechos humanos”, advirtió Ernesto Contreras, académico de la UNAM.
A esto se suman otras acciones recientes en contra de periodistas y ciudadanos. Por ejemplo, el Instituto Electoral de Tamaulipas impuso medidas cautelares de censura previa contra el columnista Héctor de Mauleón tras una publicación que revelaba presuntos casos de corrupción. En otro caso, una usuaria de la red social X fue obligada a retirar un mensaje por considerarse violencia política de género, pese a que su publicación se limitaba a cuestionar una candidatura.
Artículo 19 ha documentado una demanda contra periodistas cada tres semanas en lo que va de 2025, la mayoría de ellas relacionadas con investigaciones sobre crimen organizado, funcionarios públicos o uso indebido de recursos. La organización ha alertado que estas denuncias, combinadas con reformas legales restrictivas, podrían convertirse en una tendencia nacional para inhibir el trabajo periodístico y el derecho ciudadano a cuestionar al poder.
Aunque la aprobación de estas reformas y medidas judiciales no se ha presentado de forma coordinada, los expertos ven un patrón que coincide con el creciente control político de los Congresos estatales y una narrativa federal cada vez más hostil hacia la prensa crítica.El llamado desde la comunidad académica, organismos civiles y medios de comunicación es a promover un diálogo abierto y revisar el alcance de estas leyes, antes de que el ejercicio de opinar libremente se convierta en una actividad de alto riesgo.