El penetrante olor fue la primera pista. La mañana del 26 de abril de 2002, vecinos de la colonia Pirules, en Tlalnepantla, Estado de México, alertaron a la Policía sobre un auto abandonado. Dentro de un Audi azul estaban dos cuerpos; uno de ellos, identificado por una licencia de conducir como Ramón Requeijo Abad.
La Procuraduría mexiquense habló de comerciantes asesinados. Pero Requeijo no era un vendedor: era un agente de élite formado en los servicios de inteligencia de España y operador de seguridad en Tabasco, relacionado con una red empresarial cuyo trazo atraviesa el poder político de ese estado y llega hasta una de las figuras más influyentes del actual oficialismo: Adán Augusto López Hernández.
La ruta de las empresas y el notario clave
Entre 1995 y 2009, los hermanos Hernán y Elba Bermúdez Requena —vinculados desde hace años a presuntas operaciones criminales, según informes filtrados del Ejército— crearon cinco empresas de seguridad privada en Tabasco y Nuevo León: Impacto Seguridad Profesional, SEVIPRO, Multicolores Integrados, Agentes de Protección y Sistemas Logísticos en Seguridad Privada.
En los documentos mercantiles aparece un nombre recurrente en momentos clave: Adán Augusto López Hernández, hoy líder de Morena en el Senado y exsecretario de Gobernación, quien entonces ejercía como notario en Villahermosa. Desde esa función, registró la creación de sociedades, validó modificaciones a consejos de administración y dio fe de actos corporativos donde figuraron los Bermúdez y el propio Requeijo.
A pesar de las inconsistencias detectadas, de permisos vencidos y de un veto federal en 2009 a una de las compañías por graves irregularidades en licitaciones, las cinco empresas siguen formalmente activas.
Contratos públicos y silencios institucionales
Entre 2003 y 2009, dos de las firmas obtuvieron cinco contratos con el ISSSTE por más de 12 millones de pesos. En junio de 2009, la Función Pública vetó a Agentes de Protección. Aun así, en 2020 —cuando Adán Augusto era gobernador de Tabasco— cuatro de estas empresas reaparecieron como proveedores estatales con licencias vencidas, según el Diario Oficial local.
Ni el SAT ni la Sedena han reconocido permisos fiscales ni autorización de armamento a estas compañías. Sin embargo, hay evidencia documental de su operación y contratos públicos.
Un hombre incómodo y una muerte sin respuesta
Requeijo ya figuraba en expedientes polémicos. En 1998 fue detenido en Villahermosa con armas de uso exclusivo del Ejército mientras prestaba servicios de seguridad en la residencia oficial del gobernador Roberto Madrazo. Fue liberado por orden de Hernán Bermúdez, quien en 2019 —ya en la administración morenista— fue nombrado secretario de Seguridad de Tabasco por Adán Augusto López.
Cuatro años después de aquel arresto, Requeijo apareció asesinado y abandonado en el Estado de México. El caso nunca se resolvió.
El hilo que aún no se corta
Las cinco empresas vinculadas a los Bermúdez, y en cuyas actas notariales aparece la firma del hoy senador Adán Augusto López, permanecen abiertas.
El exfuncionario tabasqueño ha negado vínculos con actividades ilícitas, pero los registros mercantiles, los contratos públicos y las validaciones notariales lo mantienen en el centro de la red documental.
A dos décadas del asesinato del agente español y con compañías aún activas en el papel, el expediente no solo habla de negocios opacos y figuras del crimen. También expone cómo el poder político se entrelaza con la seguridad privada y deja preguntas abiertas.
Preguntas que, hasta hoy, siguen sin responderse.