La afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que las desapariciones en México son responsabilidad exclusiva de la delincuencia organizada y que el Estado no participa resulta engañosa, según organizaciones civiles, académicos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante su conferencia de prensa del 27 de octubre, Sheinbaum aseguró que las desapariciones están vinculadas “en la gran mayoría de los casos” con el crimen organizado y negó la participación de servidores públicos. Sin embargo, documentos de la CNDH y reportes de grupos de derechos humanos muestran que agentes estatales, municipales y federales han estado involucrados, ya sea de manera directa o por omisión, en desapariciones forzadas.
“La desaparición forzada se configura cuando el Estado actúa o permite que terceros actúen, negando el reconocimiento de la privación de la libertad y ocultando el paradero de la víctima. Esto ocurre por acción, aquiescencia o tolerancia del Estado”, explica Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos.
Crisis persistente sin justicia
En los últimos nueve años se han registrado 66,000 casos en el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPDNL), de los cuales solo 373 han resultado en condenas. Entre 2019 y 2023, la Fiscalía General de la República abrió 697 carpetas por desaparición forzada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Investigaciones como Permiso para matar documentan un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos por parte de fuerzas federales y estatales contra personas sin vínculos con el crimen organizado, incluyendo jóvenes y poblaciones marginadas, durante los últimos tres sexenios.
“La violencia sistemática no es producto de errores aislados; se trata de un patrón impune que refleja políticas de seguridad fallidas”, subraya el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
ONU activa artículo 34 por desapariciones
Recientemente, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU activó el artículo 34 contra México, proceso que busca determinar si las desapariciones son generalizadas o sistemáticas. Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia señalan que el país concentra 35% de las solicitudes de acción urgente ante este Comité debido a la falta de respuesta efectiva de las autoridades.
El Comité ha documentado desde 2015 que las desapariciones en México ocurren de manera sistemática y con participación estatal, recomendando políticas de prevención y erradicación que han sido ignoradas por gobiernos de distintos partidos.
Casos recientes y participación estatal
La CNDH ha emitido recomendaciones sobre desapariciones recientes: en Topilejo, Ciudad de México, por detenciones arbitrarias y desapariciones cometidas por la Guardia Nacional y la Fiscalía local; en Coyuca de Catalán, Guerrero, por desaparición forzada y ejecución extrajudicial presuntamente a manos del Ejército en 2020.
Expertos concluyen que minimizar o negar la participación del Estado en estas violaciones constituye un obstáculo para atender la crisis humanitaria. “Si 125,000 personas desaparecidas no representan una crisis, ¿qué lo sería?”, cuestiona Dayán.
La evidencia documentada demuestra que las desapariciones en México no son únicamente un problema de crimen organizado, sino que involucran a agentes estatales de manera activa o por omisión, consolidando una crisis de impunidad que persiste generación tras generación.