El Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que actuar como filtro ante el evidente intento de partidos políticos y funcionarios públicos por infiltrarse en la observación de la elección judicial. De las 316 mil solicitudes recibidas, más de 36 mil fueron rechazadas, la mayoría por pertenecer a militantes de partidos, Servidores de la Nación o funcionarios ligados a programas sociales, lo que levantó sospechas de un posible manejo político del proceso.
Mientras la oposición cuestiona la transparencia de estos comicios, el INE asegura que solo observadores independientes podrán vigilar el conteo de votos, que durará 10 días. Sin embargo, llama la atención que, en esta elección, los funcionarios de casilla no contarán los votos, sino que solo los separarán por colores.
En contraste, el INE aprobó la acreditación de 150 visitantes extranjeros, incluyendo autoridades electorales, académicos y diplomáticos. Solo tres fueron rechazados, mientras que en 2024 se habían negado 46. Además promete que el portal www.sije2025.ine.mx permitirá monitorear el proceso en tiempo real.
La elección judicial, clave para el equilibrio de poderes, sigue bajo la sombra de la desconfianza. Mientras el INE asegura que todo está bajo control, los rechazos masivos dejan claro que alguien quería meter las manos en el proceso.