A más de dos años del recrudecimiento del conflicto armado entre grupos criminales en Chiapas, el Estado ha comenzado a buscar, de manera tardía y limitada, a sus personas desaparecidas. Y las fosas empiezan a emerger.
En tan solo tres meses, autoridades estatales han localizado 12 fosas clandestinas en seis municipios, en su mayoría en ranchos vinculados al crimen organizado, como parte de operativos conjuntos entre Fiscalía estatal, Comisión de Búsqueda, Protección Civil y colectivos de familiares.
Una de las búsquedas más recientes ocurrió el pasado 11 de junio en el rancho Las Pitayas, en Emiliano Zapata, donde familiares acompañados por binomios caninos hallaron restos calcinados, indicios balísticos y uniformes militares quemados. El lugar, aseguran activistas, ha sido señalado desde hace al menos dos años como punto de interés criminal, pero no fue intervenido sino hasta el cambio de administración estatal.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 se localizaron fosas en los municipios de La Concordia (6), Tapachula (2), y una en Palenque, Suchiate, Soyaló y Emiliano Zapata, respectivamente. Se han recuperado 25 cadáveres y múltiples restos óseos.
Sin embargo, familiares y colectivos denuncian falta de capacidad técnica, negligencia e incluso contradicciones por parte de la Fiscalía en el manejo de evidencias y en la información entregada.
“Nosotras escarbamos cada rincón. La Fiscalía solo ve lo que está a la vista”, señala Isabel Torres, fundadora de Madres en Resistencia, quien busca a su hija desaparecida, Cassandra Arias, secuestrada por hombres armados en 2022 durante una boda familiar.
Torres y otros familiares aseguran que los ranchos Las Pitayas y Aurora Buenavista, este último a 10 kilómetros del aeropuerto de Tuxtla, fueron geolocalizados en los teléfonos de sus seres queridos tras sus desapariciones. En ambos lugares se han encontrado armas, drogas, chalecos tácticos, estructuras subterráneas y cenizas humanas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha documentado la existencia de tres corredores de trasiego de drogas en la entidad, uno de los cuales pasa por esta región central del estado. La violencia y las desapariciones han repuntado desde 2021, cuando se intensificó la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Avances lentos y una deuda histórica
A pesar de las evidencias, familiares como Kenia García, quien busca a sus padres y hermano de 12 años desaparecidos desde noviembre pasado, reclaman falta de transparencia en las investigaciones. Acusan a la FGE de dar versiones contradictorias y de improvisar sobre la marcha.
“Un día nos dan una versión, y al otro día nos cambian todo. No hay claridad ni certeza”, lamenta Kenia, quien acompaña personalmente los rastreos y ha contribuido con hallazgos clave en Las Pitayas.
Las víctimas exigen también mayor acompañamiento institucional. Mientras la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha mostrado avances en personal y herramientas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas sigue ausente, aseguran.
Un logro reciente fue la instalación de una comisión legislativa para crear un Consejo Ciudadano que, por ley, debió existir desde 2019. Este órgano permitirá que las familias participen directamente en el diseño y supervisión del sistema estatal de búsqueda.