Entre 2002 y 2022, más de 5 mil 700 millones de pesos que estaban destinados a mejorar hospitales, escuelas y carreteras en México terminaron en manos de empresas fantasma. Los recursos federales y estatales, etiquetados para obras de infraestructura básica, salud y educación, fueron desviados a compañías inexistentes que simularon operaciones o dejaron las obras inconclusas.
Una investigación de Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM reveló que estos recursos públicos fueron entregados a través de más de mil contratos a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), en estados como Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero. En muchos casos, ni siquiera existen evidencias de que las obras se hayan iniciado.
Uno de los ejemplos más graves ocurrió en Juchitán, Oaxaca, donde se destinaron 127 millones de pesos a la construcción de un hospital que nunca se levantó en tiempo y forma. El contrato fue adjudicado a la empresa Constructora Kedmex, clasificada como fantasma por el SAT. El hospital, que debía entregarse en 2019, apenas fue inaugurado en 2023 y gracias a la intervención de una empresa privada.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) encabezó la lista de dependencias que más recursos adjudicaron a estas empresas, con más de 4 mil millones de pesos en contratos carreteros. Empresas como Insumos y Maquinaria y Materiales y Construcciones Villa de Aguayo acumularon cientos de millones sin comprobantes claros del trabajo realizado.
En el sector salud, las factureras vendieron equipo médico y medicamentos al IMSS y al ISSSTE. En educación, obtuvieron contratos para aulas, domos y bardas perimetrales en al menos 19 estados. Y en programas sociales como FORTASEG o Hábitat, impartieron talleres como yoga o defensa personal por más de 3 millones de pesos, muchas veces sin pruebas de su ejecución.
La Auditoría Superior de la Federación solo detectó irregularidades en 22 empresas, lo que evidencia una baja fiscalización. Pese a los esfuerzos ciudadanos y algunas iniciativas legislativas para proteger a denunciantes, el fenómeno persiste en total impunidad.Lo preocupante no es sólo el dinero perdido, sino el costo social: hospitales que no se terminaron, medicamentos que no llegaron, carreteras intransitables y comunidades abandonadas a su suerte.