La reciente salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública volvió a colocar bajo la lupa una práctica que, aunque no es nueva, incomoda por su recurrencia: el uso de embajadas como mecanismo de reacomodo político dentro de la autodenominada Cuarta Transformación.
El propio exdirector de materiales educativos admitió que, tras su salida, se le ofreció una representación diplomática en América Latina. La versión fue confirmada por el titular de la SEP, Mario Delgado, quien sostuvo que la propuesta consistía en enviarlo a representar a México en el extranjero.
Más allá del destino específico, el episodio revela un mensaje político delicado. El eventual traslado no parecería responder a un perfil diplomático consolidado ni a una trayectoria en política exterior, sino a la necesidad de dar una salida institucional a un funcionario cuya permanencia se volvió incómoda. En términos prácticos: mover la tensión fuera del país, pero conservarla dentro de la estructura pública.
No se trata de un caso aislado. El antecedente más citado es el del exfiscal general Alejandro Gertz Manero, cuyo nombre fue vinculado recientemente con un posible destino en el Reino Unido, en un movimiento que diversos sectores interpretaron como un reacomodo estratégico tras un periodo de alta exposición y controversias.
En ambos episodios subyace una pregunta de fondo: ¿las representaciones diplomáticas se están utilizando como premio, castigo o mecanismo de contención política? La diplomacia mexicana, históricamente reconocida por su profesionalismo y por la solidez de su servicio exterior, corre el riesgo de convertirse en espacio de reciclaje si los nombramientos obedecen más a urgencias internas que a criterios de política exterior.
El Gobierno federal ha defendido que sus decisiones buscan fortalecer la presencia internacional de México. Sin embargo, cuando los movimientos coinciden con salidas abruptas o con figuras que han generado fricciones internas, la narrativa oficial pierde consistencia frente a la percepción pública.
Las embajadas no son oficinas administrativas ni extensiones del gabinete. Representan al Estado mexicano ante el mundo, negocian intereses estratégicos y proyectan la imagen del país en escenarios internacionales complejos. Convertirlas en premio de consolación político no solo erosiona la credibilidad institucional, sino que compromete la reputación de México en el exterior.
La diplomacia no puede ser el sótano donde se guardan las incomodidades del poder sin que, tarde o temprano, el costo se refleje en la imagen nacional.