La Cámara de Diputados mantiene desde hace cinco años un esquema de trabajo semipresencial que, aunque nació como medida sanitaria por la pandemia de Covid-19, se ha convertido en práctica ordinaria. Hoy, incluso los debates más relevantes, como el del Paquete Económico 2026 o la reforma judicial, se desarrollan frente a curules vacías.
Durante la discusión presupuestal celebrada entre el 15 y el 17 de octubre, el salón de sesiones lucía semivacío. Los legisladores intervinieron ante un recinto casi desierto que solo se llenaba minutos antes de las votaciones. El episodio reavivó el debate sobre la permanencia de esta modalidad, luego de que el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco fue captado jugando pádel mientras participaba a distancia en una sesión de la Comisión de Presupuesto.
Ante la baja asistencia, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, instruyó a sus legisladores a no faltar a las sesiones y a garantizar una presencia superior a la del PAN, principal fuerza opositora. “Estaremos revisando todos los lineamientos jurídicos para hacer posible y efectiva la presencia, cuando sea indispensable, de diputados y diputadas en la discusión y aprobación de leyes”, declaró el morenista tras una reunión privada el 21 de octubre.
Sin embargo, fuentes de la oposición señalaron que hasta ahora la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida también por Monrea, no ha comunicado ninguna intención de poner fin al trabajo semipresencial. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, urgió a la Jucopo a “poner orden” y evaluar si la modalidad aún tiene justificación.
Un esquema convertido en regla
El trabajo remoto fue incorporado al Reglamento de la Cámara en octubre de 2023, cuando todas las bancadas, excepto Movimiento Ciudadano, votaron a favor de su regulación. En aquel debate, el diputado emecista Braulio Ochoa advirtió que el mecanismo podía volverse “ordinario” y que debía limitarse a situaciones excepcionales.
Aun así, en 2024 y 2025 las reformas más trascendentes del país se han votado bajo esa dinámica. Así ocurrió con la nueva Ley de Transparencia, que extinguió al INAI; con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, base del modelo de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum; y con la reciente reforma a la Ley de Amparo, que modificó uno de los principales recursos de defensa ciudadana frente a abusos de autoridad.
Sin control ni transparencia
Las listas de asistencia no detallan quiénes participan en forma virtual ni desde dónde lo hacen. Los diputados pueden registrar su presencia mediante una aplicación móvil y emitir su voto en línea, sin que existan pantallas o controles que acrediten su participación real.
Mientras tanto, todos mantienen su dieta mensual de 79 mil pesos, sin distinción entre quienes acuden al recinto y quienes siguen las sesiones a distancia.
La Cámara de Diputados vive, así, un inédito periodo de virtualidad prolongada. Cinco años después de la pandemia, el Congreso mexicano sigue sesionando a medias —y el debate más importante no ocurre en tribuna, sino sobre si la presencialidad volverá algún día a San Lázaro.