La administración municipal encabezada por Laura Imelda Pérez aprobó una licitación por 44 millones de pesos para el servicio de alumbrado público en favor de una empresa previamente sancionada por corrupción, lo que ha generado señalamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso.
La asignación del contrato ocurrió durante el periodo de Semana Santa, lo que ha intensificado las críticas al considerar que pudo tratarse de un procedimiento con escasa visibilidad pública.
De acuerdo con información oficial, la empresa beneficiada, Zitum Desarrolladores, contaba con una inhabilitación vigente para celebrar contratos con entes públicos, derivada de irregularidades detectadas en su operación.
Dicha restricción fue establecida mediante una circular emitida por la Secretaría Anticorrupción, firmada por la titular del área de Responsabilidades, Fabiola Bello Durán, en la que se instruía a las dependencias abstenerse de asignarle proyectos o aceptar sus propuestas.
Pese a este antecedente, el Gobierno municipal avaló el contrato, lo que ha encendido el debate en torno a posibles faltas administrativas, así como a la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas en la asignación de recursos públicos.
El caso ha colocado nuevamente en la discusión pública la importancia de garantizar procesos transparentes y el cumplimiento estricto de las disposiciones en materia de contratación gubernamental.