El robo y tráfico de combustible en México ya no solo se limita a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). En los últimos cinco años, grupos del crimen organizado han consolidado un negocio transnacional que involucra embarques ilegales desde Estados Unidos, redes de distribución clandestina y una estructura de comercialización que ha llegado incluso a competir directamente con Pemex.
De acuerdo con una investigación publicada por el diario Financial Times, los cárteles mexicanos encontraron una nueva ruta para abastecer el mercado negro de combustibles: la importación disfrazada de diésel desde Texas bajo el amparo de lagunas fiscales mexicanas. Según estimaciones citadas por el medio, entre el 16 y el 27 por ciento del consumo anual de combustible en el país tiene un origen ilícito, lo que representa un negocio de entre 12 mil y 21 mil millones de dólares al año.
En estados como Nuevo León y Zacatecas, el volumen de combustible ilegal alcanzó el 40 por ciento del total consumido, lo que significa que uno de cada cuatro vehículos estaría circulando con gasolina de procedencia irregular, de acuerdo con el análisis de la empresa mexicana FuelPricing.
El modus operandi
El esquema gira en torno a una laguna en el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que no se aplica a la importación de lubricantes industriales. A través de esta omisión, embarcaciones cargadas con diésel eran declaradas como portadoras de “aditivos” o “aceites lubricantes” para maquinaria, lo que les permitía ingresar al país sin pagar los impuestos correspondientes.
Uno de los casos documentados es el del buque Cosmic Glory, que llegó al puerto de Tampico en febrero pasado con una supuesta carga de 17 mil 615 toneladas de aditivos, pero que, en realidad, contenía diésel. La información fue confirmada por la plataforma de análisis Kpler.
Desde 2023, al menos 22 embarcaciones ejecutaron 42 operaciones similares en los puertos de Altamira y Tampico. Una vez descargado el combustible en muelles improvisados, camiones cisterna lo trasladaban a almacenes clandestinos. Un solo barco podía abastecer hasta mil unidades.
La investigación también revela que, en algunos casos, los vehículos cisterna operaban durante varios días sin interrupciones ni supervisión, entrando y saliendo de los mismos puntos de descarga.
Mercado negro y gasolineras de bajo costo
El combustible ingresado de forma irregular se comercializa principalmente en estados fronterizos o cercanos, como Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y Nuevo León, donde gasolineras con precios considerablemente más bajos llamaron la atención de consumidores… y de las autoridades.
Una estación de la marca KPetrom, ubicada en Apodaca, Nuevo León, fue uno de los puntos de venta más notorios. Fotografías muestran largas filas de automovilistas abasteciéndose con precios que iban de los 20 a los 22.99 pesos por litro, por debajo del promedio nacional.
Curiosamente, en septiembre de 2024, poco antes de que concluyera el sexenio anterior, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reconoció a esa estación por ofrecer precios bajos. Tres semanas después, fue clausurada tras detectarse irregularidades en los surtidores y abrirse una investigación sobre el origen del combustible.
La empresa KPetrom se deslindó públicamente y aseguró que la estación usaba su marca sin autorización.
Un negocio fortalecido por la impunidad
El informe del Financial Times apunta a la colusión entre redes criminales y funcionarios en aduanas mexicanas, así como a una débil fiscalización en los puertos.
La venta de combustible adulterado no sólo genera afectaciones económicas al Estado, sino también riesgos para los consumidores, algunos de los cuales han denunciado daños mecánicos a sus vehículos por gasolina de baja calidad.
El fenómeno del huachicol, que se había enfocado en el robo de ductos terrestres, ha evolucionado hacia un esquema más complejo, que aprovecha vacíos legales, rutas marítimas y una creciente red de distribución irregular.
Pese a los señalamientos y decomisos, las operaciones siguen activas y, en algunos estados, abastecen hasta al 40% de los vehículos.