A punto de ser votada en el pleno del Senado, la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desapariciones avanza con apenas una treintena de los más de 500 planteamientos hechos por familiares de personas desaparecidas, denunciaron colectivos de búsqueda y organizaciones civiles.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y presentada el 17 de marzo pasado tras los hallazgos en Teuchitlán, Jalisco, será aprobada sin cambios de fondo y con un eje preocupante: la creación de una Plataforma Única de Identidad que permitirá a autoridades de seguridad y fiscalías consultar datos personales y biométricos de toda la población.
Durante los últimos tres meses, familias exigieron sin éxito un parlamento abierto y participaron en mesas de diálogo convocadas por la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, los avances fueron limitados. Según un cotejo realizado por medios como Animal Político, de las más de 570 propuestas, sólo se incorporaron 29 a la versión final que aprobaron el jueves las comisiones del Senado.
Entre los pocos puntos considerados se encuentra el reconocimiento de las figuras familiares y nombres sociales de personas desaparecidas LGBTIQ+, así como protocolos para infancias y la incorporación de averiguaciones previas antiguas. No obstante, los colectivos insisten en que las modificaciones no resuelven la crisis forense, con más de 72 mil cuerpos sin identificar, ni garantizan la seguridad de los datos personales.
Riesgos en el uso de la Plataforma
Organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) alertan que la Plataforma Única de Identidad se convertirá en un buscador sin mecanismos robustos de control.
“No habrá forma de saber qué información se consulta ni notificaciones a las personas. La Agencia de Transformación Digital reconoció que no tienen la capacidad tecnológica para hacer esas funciones”, señaló Grace Fernández, integrante del MNDM.
El artículo 43 de la reforma señala que será grave usar la plataforma con fines distintos a los establecidos, pero no contempla herramientas de rastreo sobre el uso indebido de datos. Activistas temen que esto abra la puerta a una vigilancia generalizada.
Martín Villalobos, familiar de una víctima de desaparición, señaló que se avanzó poco y se conservaron temas para mesas de discusión futuras, aunque persisten preocupaciones graves sobre la privacidad y el uso arbitrario de la información.
Falta de diálogo real
Durante los 100 días de análisis, diversos grupos lamentaron la falta de un proceso transparente. Aunque se realizaron alrededor de 450 encuentros, no se construyó una metodología clara para integrar de forma efectiva las propuestas al dictamen legislativo.
Además, el Senado omitió incluir artículos transitorios clave, como el plazo de 90 días para emitir un reglamento, el cual está pendiente desde el año2017, o los términos para actualizar bases de datos forenses.
El artículo 23 bis, que colectivos pidieron eliminar por generar duplicidad en investigaciones ministeriales, también fue mantenido sin cambios.
Organizaciones alzan la voz
Colectivos de familias firmaron esta semana un pronunciamiento con más de 300 adhesiones, en el que expresan su rechazo a la iniciativa. A ellos se sumaron 14 organizaciones, entre ellas Artículo 19, Fundar, Data Cívica y Amnistía Internacional, quienes alertaron que el paquete legislativo que incluye esta reforma legaliza la vigilancia masiva y vulnera derechos fundamentales.
“El Congreso está a punto de aprobar una ley que no solo ignora las voces de quienes buscan a sus seres queridos, sino que pone en riesgo la privacidad de toda la población”, señaló el comunicado conjunto.
La reforma podría ser votada este viernes en el pleno del Senado. Mientras tanto, familias y organizaciones continúan exigiendo una legislación que priorice a las víctimas y no al control estatal.