Una propuesta impulsada por legisladores republicanos para imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes indocumentados superó este miércoles un primer filtro legislativo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La iniciativa fue aprobada por el Comité de Medios y Arbitrios con 26 votos a favor y 19 en contra, todos de representantes demócratas.
La propuesta forma parte de un paquete más amplio de cambios fiscales que aún debe ser debatido y aprobado por el Congreso. En caso de avanzar, el impuesto aplicaría exclusivamente a los trabajadores sin documentos que envíen dinero a sus países de origen.
El impacto potencial de esta medida ha despertado preocupación entre expertos y analistas financieros, quienes advierten que el impuesto afectaría de forma desproporcionada a los migrantes de menores ingresos. “Los trabajadores migrantes tienden a ser muy sensibles a los costos de las remesas”, señaló Jesús Cervantes González, director del Foro de Remesas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), consultado al respecto por medios mexicanos.
El especialista advirtió que de implementarse el gravamen, los migrantes optarían por canales no regulados o digitales —incluyendo criptoactivos— para continuar enviando recursos a sus familias, lo cual comprometería la transparencia de las operaciones. “Se perdería información valiosa sobre las remesas, lo que sería indeseable e ineficiente”, apuntó.
Actualmente, una remesa promedio ronda los 400 dólares, y su envío tiene un costo cercano a los 10 dólares. Con la aplicación del impuesto, el emisor tendría que pagar 30 dólares adicionales por cada envío, estimó Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México. “Probablemente el migrante absorberá ese costo para que su familiar reciba la misma cantidad”, añadió.
El especialista también enfatizó que el verdadero riesgo para el flujo de remesas no es el impuesto, sino una posible desaceleración de la economía estadounidense. “Si el mercado laboral se deteriora, especialmente en los sectores donde están empleados los migrantes mexicanos, eso sí podría reducir significativamente los envíos”, alertó.
Según datos del Cemla, los trabajadores migrantes destinan en promedio 16.7% de su ingreso laboral al envío de remesas. Solo en 2024, México recibió más de 60 mil millones de dólares por este concepto, una cifra récord que se mantiene como uno de los pilares del ingreso nacional.
La propuesta republicana contempla que el impuesto entre en vigor a partir del 31 de diciembre de 2025. Aunque excluye a ciudadanos y residentes legales, estos últimos también estarían sujetos a fiscalización, aunque podrían compensarlo en sus declaraciones fiscales.
Cervantes recordó que los migrantes, incluidos los indocumentados, ya pagan impuestos en Estados Unidos. “Hay miles que presentan su declaración anual mediante un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente). Además, pagan IVA y otros impuestos locales como el predial”, dijo.
Expertos señalaron que la medida contraviene compromisos internacionales para reducir el costo del envío de remesas, como los adoptados por el Grupo de los 8 (G8) y el Banco Mundial. “Gravar las remesas va en sentido contrario a los esfuerzos globales por facilitar estos flujos”, concluyó Cervantes.