La presidenta Claudia Sheinbaum enviará este martes al Senado su propuesta de Plan B en materia electoral, la cual plantea recortes y topes al gasto de autoridades electorales, congresos locales y municipios, pero deja sin cambios el financiamiento a los partidos políticos.
Aunque en un inicio se contemplaba una consulta ciudadana sobre las prerrogativas partidistas, la iniciativa no incluye ese mecanismo ni ajustes al presupuesto de las fuerzas políticas. “Ya no pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparente en todos los recursos”, afirmó la mandataria.
El proyecto mantiene el enfoque en la reducción de privilegios en el sistema electoral, con medidas dirigidas principalmente al INE, organismos locales y estructuras legislativas. Entre ellas, se establece un tope a las remuneraciones de consejeros electorales y altos funcionarios, quienes no podrán percibir ingresos superiores a los de la Presidencia, además de eliminar bonos, seguros de gastos médicos y prestaciones adicionales.
En materia de fiscalización, se refuerza la vigilancia sobre los partidos, al obligarlos a reportar en tiempo real sus operaciones financieras mediante un sistema bancarizado. También se abre la posibilidad de que el INE firme convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda para revisar el origen de los recursos de campaña. Se prohíbe, además, el uso de recursos ilícitos, financiamiento extranjero y aportaciones en efectivo.
La iniciativa fija un tope de ingresos para dirigentes partidistas equivalente a mil 500 UMAs y obliga a transparentar sus percepciones.
En el ámbito local, se propone limitar el gasto de los congresos estatales al 0.70% del presupuesto de cada entidad, así como reducir el número de regidores en los municipios a un rango de entre siete y 15, dependiendo de su población. Los ahorros deberán destinarse a infraestructura pública.
Asimismo, se contempla una reducción progresiva del gasto en el Senado de hasta 15% y cambios en los procedimientos electorales para que los cómputos inicien el mismo día de la jornada electoral, con el objetivo de evitar manipulaciones.
El proyecto también mantiene la revocación de mandato, con la propuesta de realizarla el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, según la solicitud ciudadana.