El doble asesinato de familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ocurrido el pasado fin de semana en Colima, volvió a colocar bajo el reflector nacional a una entidad que desde hace cuatro años encabeza la tasa de homicidios en México. Más allá del impacto político y mediático, el crimen confirma una realidad persistente: Colima es el estado más letal del país en términos proporcionales, y desaparecer en su territorio implica, en la mayoría de los casos, no volver con vida.
Las víctimas, tía y prima del funcionario federal, fueron atacadas a balazos al interior de su domicilio. El hecho generó una reacción inmediata de autoridades estatales, que desplegaron un operativo posterior en el que presuntos responsables fueron abatidos. Sin embargo, el caso dista de ser un episodio aislado de violencia: se inserta en una dinámica sostenida de homicidios y desapariciones que ha marcado a la entidad en los últimos años.
De acuerdo con datos oficiales del INEGI, consultados por Animal Político, Colima ha mantenido una posición trágica y constante en los primeros lugares nacionales de homicidio. En 2020 registró una tasa de 94.5 homicidios por cada 100 mil habitantes; en 2021, aunque descendió a 81.5, siguió entre los estados más violentos del país.
La situación se agravó a partir de 2022, cuando la tasa se disparó a 115.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, colocándolo en el primer lugar nacional. En 2023, el indicador aumentó a 118.8, y en 2024 cerró en 123.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta registrada en México ese año.
En términos prácticos, vivir en Colima implicó una probabilidad de morir asesinado cuatro o cinco veces mayor que el promedio nacional.
La magnitud del problema se aprecia con claridad al comparar tasas. En 2024, Colima duplicó la letalidad de Baja California, que rondó los 65 homicidios por cada 100 mil habitantes, y superó ampliamente a Michoacán, con tasas de entre 40 y 45, así como a Jalisco, que se ubicó entre 20 y 30.
Aunque entidades como Guanajuato, Michoacán o Jalisco concentran más asesinatos en números absolutos debido a su población, ninguna enfrenta una letalidad proporcional comparable a la de Colima.
Para 2025, aunque el INEGI aún no publica la tasa definitiva, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 706 homicidios dolosos en la entidad. Aun con una ligera reducción en cifras absolutas, análisis preliminares coinciden en que Colima volvió a encabezar la tasa nacional, debido a su baja población.
La violencia homicida se complementa con una crisis de desapariciones igual de alarmante. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indican que, en los últimos tres años, alrededor del 90% de las denuncias por desaparición siguen vigentes o concluyen con la localización sin vida.
En 2023 se registraron 62 denuncias, de las cuales 54 permanecen vigentes. En 2024 hubo 49 denuncias, con 43 casos sin resolver y tres personas localizadas sin vida. Para 2025, se acumularon 50 denuncias, con 36 aún vigentes y cuatro hallazgos sin vida.
El patrón es consistente: la mayoría de las personas desaparecidas en Colima no regresa o aparece muerta, una dinámica que adquiere mayor gravedad en un estado con violencia armada extrema y sostenida.
Para explicar por qué Colima se convirtió en el estado más letal del país, Animal Político entrevistó a Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, quien ubica el puerto de Manzanillo como el núcleo del problema.
“El quid del asunto en Colima es Manzanillo. Es el puerto más grande del país”, explica. Por ahí ingresan, junto con Lázaro Cárdenas, precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas como fentanilo, metanfetaminas y éxtasis. “Controlar el puerto implica controlar el mercado de las drogas sintéticas”.
Además del narcotráfico, el control del puerto abre la puerta a contrabando, piratería y tráfico de armas, convirtiendo a Manzanillo en un nodo estratégico del comercio legal e ilegal.
Actualmente, tres grupos criminales se disputan el control del estado: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en los 10 municipios; La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, y el Cártel Independiente de Colima o Los Mezcaleros, recientemente aliado con La Mayiza para enfrentar al CJNG.
Pese a estos indicadores, Colima ha permanecido fuera del centro del debate nacional de seguridad. A diferencia de Michoacán —donde se lanzó el Plan Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan—, la entidad no ha sido priorizada en la Estrategia Nacional de Seguridad.
“La gente ve más homicidios en Guanajuato o Baja California, sin notar que proporcionalmente lo de Colima es más grave”, subraya Sánchez.
A ello se suma la escasa cobertura mediática nacional y la falta de corresponsales permanentes. En el ámbito local, el diagnóstico es contundente: el gobierno estatal está rebasado, sin acciones claras ni resultados visibles para contener una violencia que por cuarto año consecutivo mantiene a Colima como el estado más letal de México.
El asesinato de familiares de un alto funcionario federal no reveló una excepción, sino que volvió a confirmar una tragedia normalizada. Colima, pequeño en territorio y población, concentra una de las expresiones más extremas de la violencia criminal en el país, sin reflector, sin estrategia y con una letalidad que no cede.