A casi dos años de su inauguración, el Tren Maya continúa enfrentando una pesada carga legal. La megaobra impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador acumula 51 juicios vigentes, relacionados con expropiaciones, conflictos ambientales y la terminación anticipada de contratos, según información de la Coordinación General Jurídica y de lo Contencioso del Tren Maya, S.A. de C.V., a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con la dependencia, permanecen abiertos 12 juicios de amparo por temas de expropiación y medio ambiente, además de tres juicios de nulidad por presunta cancelación anticipada de contratos y falta de pago a contratistas. También existen inconformidades por los valores de avalúo en terrenos atravesados por la ruta ferroviaria.
A estos se suman procesos interpuestos por grupos de campesinos, quienes demandan la restitución de tierras e indemnizaciones justas por las expropiaciones realizadas durante la construcción del proyecto.
En materia laboral, el Tren Maya enfrenta 31 juicios por despidos injustificados y por presunta responsabilidad patronal solidaria. Tan solo en 2022, durante la fase más intensa de obras, 321 personas presentaron denuncias o amparos contra el desarrollo del proyecto.
Especialistas señalan que la decisión del Gobierno Federal de catalogar al Tren Maya como un tema de seguridad nacional ha complicado la aplicación de órdenes judiciales y ha limitado la transparencia. Además, abogados de la Semarnat y de Fonatur-Tren Maya han sido señalados por obstaculizar procesos legales.
Hasta el momento, no existe una cifra pública sobre el monto que ha representado para el Estado mexicano el cúmulo de litigios en torno a esta obra ferroviaria, una de las más costosas y polémicas de la actual administración.