Por años, la Armada de México fue sinónimo de eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Sus operativos para abatir o capturar a capos como Arturo Beltrán Leyva y Miguel Ángel Treviño consolidaron su prestigio nacional e internacional. Sin embargo, la reciente detención de varios marinos por su presunta participación en una red de contrabando de combustible ha puesto bajo el escrutinio público a una de las instituciones de mayor confianza en el país.
El arresto más sonado fue el del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. Su nombre encabeza la lista de catorce implicados, entre ellos cinco marinos, exfuncionarios de aduanas y empresarios, acusados de integrar un esquema de “huachicol fiscal” que habría permitido el contrabando de millones de litros de combustible en el norte de México.
Una red que alcanzó a los altos mandos
El caso salió a la luz tras un operativo en marzo pasado en Tampico, Tamaulipas, donde se incautaron 10 millones de litros de diésel almacenados en una empresa de fletes y en un buque que había declarado transportar aditivos para lubricantes.
De acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, además del combustible se aseguraron cuentas millonarias, propiedades y vehículos. Las autoridades no han detallado el monto del daño económico al erario, aunque expertos del sector energético advierten que las pérdidas podrían ser de varios miles de millones de pesos.
El arresto de Farías Laguna es el de mayor nivel en los primeros once meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien salió en defensa de la Marina al señalar que se trata de casos individuales y que la institución colabora con la investigación para llegar “a las últimas consecuencias”.
El costo de militarizar las aduanas
El escándalo revive las críticas a la decisión de Andrés Manuel López Obrador de entregar a militares el control de puertos y aduanas en 2021, con el argumento de frenar la corrupción. Desde entonces, la Armada asumió la administración de los principales puntos de entrada y salida del país, pese a advertencias de especialistas sobre la complejidad de estas operaciones y el riesgo de infiltración del crimen organizado.
“Los puertos son nodos de enorme movimiento económico y altamente vulnerables. Involucrar a una institución sin experiencia en esa gestión los expuso a dinámicas de corrupción”, explicó el investigador de la UNAM, Raúl Benítez Manaut.
Un golpe al prestigio y a la confianza internacional
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, publicada en julio, ubicaba a la Marina como la institución con mayor nivel de confianza entre la población, incluso por encima del Ejército y la Guardia Nacional. Ese capital simbólico ahora está en entredicho.
“Si no hay una investigación exhaustiva que alcance a todos los involucrados, la población va a empezar a perder confianza”, advirtió Benítez Manaut.
La crisis también puede tener repercusiones diplomáticas. Estados Unidos ha considerado a la Armada un aliado clave en operaciones contra el narcotráfico. El escándalo estalló apenas días después de la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio, en la que ambos países acordaron un frente conjunto para frenar a los cárteles y, por primera vez, incluir de manera explícita el combate al robo de combustibles.
Una institución bajo presión
El caso coincide con hechos que han empañado aún más la imagen de la institución: el suicidio de un capitán en Tamaulipas y la muerte de otro marino en un ejercicio en Sonora, además del asesinato en noviembre del contraalmirante Fernando Guerrero en Manzanillo.
A pesar de ello, el reto mayor de la Armada no está en el frente de seguridad, sino en preservar el prestigio que construyó durante décadas. Para ello, coinciden los especialistas, debe depurar a fondo sus filas y cortar cualquier vínculo con redes de corrupción, pues de lo contrario corre el riesgo de perder su principal activo: la confianza de los mexicanos y de sus aliados internacionales.