Grupo Elektra, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, volvió a perder en tribunales. Se trata de su tercera derrota consecutiva en menos de dos meses en los juicios que mantiene contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta vez por un crédito fiscal de 4 mil 916 millones de pesos, derivado de impuestos omitidos en 2011.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó por unanimidad la sentencia que ya había emitido en noviembre de 2022 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La resolución se notificó el pasado 14 de agosto.
Este nuevo revés se suma a otros dos: el 19 de junio, el mismo tribunal ratificó otra deuda de mil 603 millones de pesos correspondiente al ejercicio de 2012; y el 24 de junio, el Segundo Tribunal Colegiado hizo lo propio con un crédito de 2 mil 4 millones de pesos por el ejercicio de 2010. En total, sólo en estos tres fallos recientes, Elektra acumula más de 8 mil 500 millones de pesos en adeudos fiscales confirmados.
“Presiones políticas” y dilación en la Corte
Tras el fallo en su contra de junio, Elektra acusó “presiones políticas” sobre los magistrados Ana María Ibarra, Alfredo Báez y Yaremi Penagos, una narrativa que la empresa ha repetido en distintas etapas de su confrontación con las autoridades fiscales.
Actualmente, la compañía mantiene recursos de impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A través de solicitudes de impedimento contra ministras y ministros, así como mediante tácticas dilatorias, ha logrado evitar que sus demandas sean desechadas por la Segunda Sala.
El desenlace ahora recaerá en los nuevos integrantes de la Corte que entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre.
Un patrón de resistencia fiscal
El caso de Elektra no es aislado. Forma parte de una larga serie de litigios con el SAT que buscan frenar el pago de impuestos multimillonarios. Estos juicios han puesto en evidencia la capacidad de grandes corporativos para retrasar durante años sus obligaciones fiscales a través de estrategias legales, mientras las resoluciones finales dependen de un tribunal saturado y sujeto a cambios políticos.