Pese a una resolución judicial firme desde 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa negando el suministro del único medicamento que podría frenar la progresión de la enfermedad degenerativa que padece Andy, una niña de ocho años diagnosticada con atrofia muscular espinal tipo 2.
Desde 2019, la familia de Andy ha solicitado sin éxito el acceso a Spinraza, un fármaco que, de haber sido administrado oportunamente, habría mejorado su calidad de vida y detenido el deterioro de su movilidad. En lugar de eso, el IMSS ha emitido negativas reiteradas, alegando falta de condiciones clínicas y argumentando que la menor no es candidata al tratamiento, a pesar de múltiples peritajes médicos favorables.
En 2020, la familia interpuso un amparo con el acompañamiento de la organización Perteneces. Un año después, en noviembre de 2021, un juez federal resolvió que el IMSS debía garantizar de manera inmediata el derecho a la salud de la menor y proporcionarle el medicamento, sin requerir nuevos protocolos médicos. No obstante, la sentencia quedó sujeta a la evaluación de los médicos tratantes, quienes han mantenido su negativa.
A lo largo de estos cinco años, comités médicos, peritajes externos y una evaluación imparcial del Instituto Nacional de Pediatría han concluido que Andy puede recibir el tratamiento. Incluso, una resolución adicional ordenó su hospitalización para estabilizarla y aplicarle el medicamento bajo vigilancia médica especializada. Esta instrucción también fue ignorada.
Actualmente, Andy utiliza una silla de ruedas eléctrica y recibe terapias para mantener su movilidad. Sin embargo, su condición sigue avanzando. La atrofia muscular espinal afecta paulatinamente los órganos vitales y podría llevarla a perder por completo la capacidad de moverse, respirar y alimentarse por sí misma.
A pesar de que el Hospital de La Raza ya proporciona Spinraza a otros pacientes con el mismo diagnóstico, el tratamiento sigue siendo negado a Andy. El IMSS no ha ofrecido nuevas valoraciones médicas ni seguimiento real de su estado de salud, prolongando así un incumplimiento que contraviene una sentencia judicial y amenaza directamente la vida de una menor.