El robo de combustibles, conocido como huachicol, generó durante el sexenio anterior un daño económico estimado en 24 mil 850 millones de dólares, cifra comparable al costo de construcción de la refinería de Dos Bocas o incluso suficiente para saldar la deuda actual de Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus proveedores.
Así lo expuso Francisco Barnés de Castro, presidente del Observatorio Ciudadano de Energía, durante un foro organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en el que detalló que la pérdida directa para Pemex por piquetes en ductos de gasolina, gas LP, turbosina y petróleo crudo fue de 17 mil 300 millones de dólares. A esto se suman 7 mil 550 millones de dólares que el Gobierno dejó de percibir en impuestos.
«Estos recursos podrían haber pagado la deuda de Pemex con sus proveedores o incluso la refinería de Dos Bocas. Es una cantidad enorme que las autoridades no vieron o no quisieron ver, o quizá están metidos en esta ilegalidad», señaló Barnés de Castro.
Además, el especialista alertó que el robo de petróleo crudo se incrementó en los últimos cuatro años, hasta alcanzar en 2024 un promedio diario de 109 mil barriles, lo que representa cerca del 6 por ciento de la producción total reportada por Pemex en ese año.
En cuanto al huachicol fiscal, el experto calculó que en 2023 se desviaron cerca de 59 mil barriles diarios de diésel, lo que equivale al 17 por ciento del consumo aparente. Por esta práctica, el Gobierno dejó de recaudar 3 mil 150 millones de dólares por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y mil 450 millones más por Impuesto al Valor Agregado (IVA).
También se estimó que el robo de gas LP representa el 11 por ciento de la producción nacional. En el caso de la gasolina, tan solo en 2023 se registraron 10 mil 393 tomas clandestinas, aunque el pico se alcanzó en 2019, con más de 13 mil.
Por su parte, Alejandra León, directora asociada de investigación y análisis en S&P Global Commodity Insights, aseguró que esta situación revela no sólo el nivel de deterioro en la infraestructura de Pemex, sino también la posible participación de funcionarios o trabajadores de la propia empresa estatal.
«Esto refleja una infraestructura poco confiable, con pérdidas que se suman a otros gastos operativos, como el transporte de combustible», concluyó.