Por más de una década, las mujeres mazatecas de Eloxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Norte de Oaxaca, han sostenido una doble batalla: cuidar el hogar, la tierra y los cultivos que heredaron de sus abuelos, y enfrentar una ofensiva judicial contra sus esposos, padres e hijos, perseguidos por defender el territorio y su forma de organización comunitaria.
Entre cateos, órdenes de aprehensión, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados, la comunidad ha sido asediada por un aparato judicial que, según denuncian sus habitantes, responde a los intereses del cacique local Manuel Zepeda Cortés y su hija, la diputada morenista Elisa Zepeda.
Entre 2011 y 2014, más de 40 familias mazatecas vieron cómo sus integrantes varones eran encarcelados o forzados al exilio. Las mujeres se hicieron entonces cargo de las labores del campo, de los cuidados, de la crianza y, sobre todo, de la defensa legal y pública de su comunidad.
“Fue terrible desde el inicio”, recuerda Berta Reynosa, una de las defensoras que ha acompañado el caso desde su origen. “Han sido afectados nuestros hijos, nuestras casas, nuestras vidas”.
La resistencia ha echado raíces también en la cocina. Alrededor del fogón, mientras se cuecen frijoles o se calienta café con canela, las mujeres intercambian historias, consejos legales y apoyo mutuo. Es ahí donde se toman decisiones, se acuerdan estrategias y se afianzan los lazos que les permiten seguir en pie.
De acuerdo con testimonios y documentos judiciales recopilados por la comunidad, los procesos penales fueron activados luego de que integrantes de la organización comunitaria convocaran a una asamblea para elegir a un nuevo alcalde. La reunión terminó en enfrentamientos, con vehículos incendiados y dos muertos, lo que fue aprovechado para desatar una persecución política.
Hasta ahora, 21 personas han sido privadas de su libertad, aunque todas han sido liberadas; sin embargo, la mayoría sigue enfrentando procesos judiciales y medidas cautelares. En mayo de 2025 se liberaron 200 nuevas órdenes de aprehensión contra 58 personas, incluidos activistas que ya habían sido señalados previamente.
La defensa legal asegura que los delitos imputados, como homicidio, tentativa de homicidio o incendio, son fabricados y responden a intereses políticos y económicos, sobre todo relacionados con el saqueo del río Xangá Ndá Ge, de donde se extraen materiales pétreos.
A lo largo de estos años, las mujeres de Eloxochitlán han viajado a la Ciudad de México para protestar, han levantado plantones, han solicitado audiencias y han enfrentado, con una mezcla de dignidad y cansancio, el peso del aparato judicial.
“Sí, se hace una la fuerte como mujer, pero el miedo ya está detrás de ti”, confiesa María Castañeda. “Yo pido que ya nos dejen en paz. Que nos dejen vivir libremente con nuestras familias, para comer, para descansar, para dormir”.
Entre los surcos de maíz y las brasas del fogón, las mujeres mazatecas siguen resistiendo.
No solo por los suyos, sino por su derecho a habitar su territorio sin miedo.
