Homicidios y crímenes violentos concentran la mayor carga económica; gasto en violencia es seis veces mayor que el de salud
El impacto económico de la violencia en México ascendió a 4.5 billones de pesos durante 2024, lo que equivale al 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con el Índice de Paz México 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Aunque esta cifra es alarmante, representa una ligera disminución respecto al año anterior, cuando el costo fue de 4.9 billones de pesos, es decir, el 19.8 por ciento del PIB.
El informe señala que los homicidios representan el 38 por ciento del costo total de la violencia, con un valor estimado de 1.7 billones de pesos. Le siguen los crímenes violentos, como robos, asaltos y agresiones sexuales, que concentran un 33 por ciento del gasto, es decir, alrededor de 1.5 billones de pesos.
La comparación con otros rubros del gasto público deja ver un desequilibrio estructural: el costo de la violencia es casi seis veces mayor que el presupuesto federal en salud y cinco veces más que el destinado a educación.
Pese a una mejora marginal del 0.7 por ciento en los niveles generales de paz en 2024, el quinto año consecutivo de avance, el país continúa siendo menos pacífico que hace una década. El deterioro acumulado desde 2015 es del 13.4 por ciento, impulsado principalmente por un incremento del 54.7 por ciento en homicidios y del 71.2 por ciento en delitos con armas de fuego.
Carlos Juárez Cruz, director en México del IEP, advirtió que esta mejora reciente “es muy pequeña y no representa un cambio sustancial” frente a la persistente violencia criminal.
Desde 2015, los delitos vinculados al crimen organizado también muestran tendencias preocupantes: las extorsiones aumentaron un 45.5 por ciento y los delitos relacionados con el narcomenudeo se dispararon un 161 por ciento.
Además, la percepción social sobre la inseguridad sigue siendo alta: el 73.6 por ciento de la población considera que vive en un entorno inseguro. Aunque esta cifra ha mejorado desde su punto más crítico en 2018, el informe advierte sobre una posible “normalización” de la violencia en el imaginario colectivo.
Uno de los hallazgos más significativos del estudio es el rezago en inversión para enfrentar el problema. México destina solo el 0.7 por ciento de su PIB a la seguridad pública y al sistema judicial, una proporción que representa menos de la mitad del promedio de América Latina y de los países miembros de la OCDE.
El informe apunta que esta baja inversión, sumada a los altos niveles de corrupción e impunidad, limita la capacidad del Estado para reducir de forma sostenida los niveles de violencia.
Entre las recomendaciones, el IEP subraya la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia, ampliar las oportunidades económicas para los jóvenes y combatir la corrupción como ejes clave para alcanzar una paz duradera.
En su evaluación sobre las políticas de seguridad, Juárez Cruz calificó como “poco clara” la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), pero reconoció que la actual administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, muestra señales “prometedoras”, con decomisos constantes, detenciones y una estrategia nacional de seguridad más definida.
No obstante, advirtió que aún es pronto para hacer una valoración completa de su efectividad.