El desplazamiento interno forzado en México alcanzó en 2024 niveles no vistos en años recientes y colocó a Chiapas como el principal foco rojo del país. La violencia criminal, los enfrentamientos armados, las amenazas directas y el control territorial de grupos delictivos han obligado a miles de familias a abandonar sus hogares para salvar la vida, particularmente durante el último año del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno 2025, elaborado por el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), la criminalidad detonó casi 26 mil movimientos forzados en México, más del doble de los registrados en 2023. El organismo advierte que se trata de un fenómeno persistente, invisibilizado y prolongado, que rara vez encuentra respuesta institucional suficiente.
Durante 2024, Chiapas se consolidó como la entidad con mayor crisis de desplazamiento interno, con especial incidencia en los municipios de Tila, Chenalhó y Pantelhó, zonas estratégicas para el tráfico ilegal de drogas y personas. En estas regiones, comunidades enteras han huido de manera abrupta, dejando atrás viviendas, tierras y medios de subsistencia, ante el avance de grupos armados y la ausencia de garantías de seguridad.
El informe del IDMC subraya que muchas personas desplazadas no llegan a albergues formales y terminan refugiándose con familiares, en asentamientos precarios o incluso en espacios públicos, una realidad que también se observa en distintas zonas de la Ciudad de México, donde conviven desplazados internos con migrantes internacionales.
La violencia que hoy padece Chiapas es señalada como una herencia del sexenio de Rutilio Escandón, hoy cónsul de México en Miami. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que los homicidios dolosos pasaron de 596 en 2018 a 894 en 2024, al cierre de su administración.
A este escenario se suma una profunda desigualdad social. Según el documento del Inegi sobre la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024, Chiapas figura entre las entidades con mayor porcentaje de población sin acceso a servicios de salud, una carencia que agrava la vulnerabilidad de quienes huyen de la violencia.
El informe “Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México 2024”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, documenta que más de 28 mil personas fueron desplazadas internamente en el país durante ese año. Chiapas concentró el 61.8% del total nacional, seguido por Sinaloa (15.5%), Michoacán y Chihuahua (5.4% cada uno) y Guerrero (4.8%).
El estudio identifica como principal causa a la violencia criminal organizada, incluyendo ataques a población civil, uso de explosivos y drones, y disputas territoriales. Conforme a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, este fenómeno ocurre cuando las personas se ven forzadas a huir sin cruzar fronteras internacionales, ante conflictos armados, violencia generalizada o violaciones a derechos humanos.
Para César Contreras León, abogado del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el desplazamiento interno en México sigue siendo una crisis invisibilizada. “No existe un registro federal ni estatal que dé seguimiento puntual a las personas desplazadas”, advierte.
Ante la ausencia de datos oficiales, el monitoreo ha quedado en manos de universidades y organizaciones civiles. El propio informe de la Iberoamericana documentó un incremento de 129% entre 2024 y 2025, aunque con un subregistro significativo, especialmente en regiones donde la prensa enfrenta censura o alto riesgo.
El especialista subraya que uno de los principales pendientes del Estado es el reconocimiento de la magnitud del problema, así como la creación de mecanismos de protección y de “soluciones duraderas” que permitan el retorno seguro o la reconstrucción de la vida en otros territorios con dignidad y seguridad.
Contreras León también alertó sobre la falta de atención psicológica y de medidas de rehabilitación, pese a que están contempladas en la Ley General de Víctimas. El desarraigo, la pérdida de redes comunitarias y el miedo constante generan afectaciones profundas que hoy no están siendo atendidas.
Como ejemplo extremo, citó el caso de los profesores jubilados Javier Barajas y María del Tránsito Piña, quienes tras la desaparición y asesinato de sus hijos en Guanajuato, fueron obligados a huir de su lugar de origen ante amenazas directas. Desde entonces viven en desplazamiento forzado, sin posibilidad de regresar a la comunidad donde construyeron su vida.
Para el Centro Prodh, este caso refleja un entramado de violencias —desapariciones, homicidios, amenazas y desplazamiento— que continúa sin una respuesta estructural del Estado, dejando a miles de personas atrapadas en una crisis humanitaria que, aunque persistente, sigue sin ocupar un lugar central en la agenda pública.