Una regidora en funciones y el padre de un regidor, ambos ligados al partido Morena, fueron detenidos como parte de una operación de autoridades federales y estatales en contra de una red de extorsión controlada por La Familia Michoacana en el sur del Estado de México.
El operativo, realizado el lunes 21 de julio en 14 municipios de la región, derivó en bloqueos y protestas por parte de transportistas en puntos clave como Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal. Sin embargo, las investigaciones revelan una estructura delictiva más compleja, con redes de distribución, amenazas sistemáticas y complicidades políticas.
Yareli Domínguez García, regidora de Ixtapan de la Sal por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), fue detenida por su presunta participación en una célula de extorsión al servicio de La Familia Michoacana.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la funcionaria operaba como “enlace” entre empresarios y miembros del cártel. Los convocaba a reuniones en hoteles o ranchos ligados a la organización criminal, donde les exigía el pago de “cuotas” o “pisos” a cambio de permitirles seguir operando comercialmente en la región.
En abril pasado, según la misma autoridad, secuestró a un comerciante y lo amenazó identificándose como miembro de un grupo criminal. Fue detenida el pasado 21 de julio en Toluca y trasladada al penal de Almoloya-Santiaguito. Se le acusa de secuestro exprés con fines de extorsión y se le dictó prisión preventiva justificada.
Otro de los detenidos es Elí Jiménez, un empresario señalado como acaparador en el sector de materiales para construcción en Valle de Bravo. Es padre de Diego Elí Jiménez Jasso, segundo regidor de ese municipio por Morena.
Las autoridades aseguran que Elí Jiménez utilizaba su empresa “Jimex” para imponer precios sobre materiales como cemento, block y varilla, respaldado por grupos armados. Se le acusa de obligar a constructores a comprar exclusivamente con él y de extorsionar a socios, vecinos y conocidos.
Según la fiscalía mexiquense, en enero pasado habría secuestrado a una víctima para exigirle pagos semanales derivados de sus ventas, además de forzarla a adquirir productos únicamente en su negocio.
El fiscal José Luis Cervantes exhibió imágenes de un rancho en Amanalco, propiedad del empresario, y lo describió como “un esquema de vida opulento” mantenido gracias a una red de extorsión que operaba con complicidad política y empresarial.
Red criminal con fachada sindical y vínculos políticos
La estructura delictiva detectada incluía la manipulación de precios con sobrecostos de hasta 122% en materiales como block y de más del 50% en alimentos como carne y pollo. La red utilizaba dos sindicatos, Libertad y Bradosva, como parte del engranaje de distribución y control.
El grupo criminal amenazaba o agredía a los comerciantes que se negaban a participar en el esquema de sobreprecios. Las autoridades han documentado casos de violencia, secuestros y homicidios derivados de la negativa a colaborar.
El operativo, que tuvo alcance en municipios como Tejupilco, Tlatlaya, Tonatico, Temascaltepec, Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal, reveló la infiltración del crimen organizado en estructuras políticas locales.
Aunque ni Morena ni la coalición que postuló a Domínguez han emitido pronunciamiento oficial, los señalamientos colocan nuevamente a ese partido en el centro del debate sobre la penetración del crimen organizado en gobiernos municipales.
Las investigaciones continúan para determinar la extensión de la red delictiva y las posibles responsabilidades de otros actores públicos en el esquema de extorsión encabezado por La Familia Michoacana.
