El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado urgente al Estado mexicano para proteger y reconocer formalmente a las madres buscadoras como una categoría especial de defensoras de derechos humanos, frente a la violencia y persecución que enfrentan por su labor.
Durante la presentación de sus conclusiones del proceso de revisión periódica de México como Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité expresó su preocupación por la escalada de agresiones contra mujeres periodistas, activistas y especialmente contra aquellas que buscan a familiares desaparecidos.
“El Comité está alarmado por las graves deficiencias de los mecanismos oficiales de protección, y por el hecho de que las mujeres defensoras de derechos humanos sufren ataques incluso cuando se encuentran bajo medidas de protección”, advirtió el organismo.
La CEDAW denunció que las madres, hijas o esposas que buscan a sus seres queridos enfrentan una forma de persecución de género, arraigada en estructuras patriarcales, discriminación institucional y estereotipos que afectan su credibilidad.
A menudo, su labor no es reconocida como defensa de derechos humanos, lo que las deja fuera de esquemas de protección, pese a que enfrentan riesgos graves en contextos de violencia e impunidad.
Además del llamado a brindar protección efectiva, el Comité urgió al Estado mexicano a establecer estándares mínimos nacionales para garantizar su seguridad y condiciones dignas para ejercer su labor, en un contexto en el que más de 100 mil personas están desaparecidas en el país.
En su evaluación, el Comité también destacó avances como la elección de la primera Presidenta de México, la creación de la Secretaría de las Mujeres y reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencia. No obstante, advirtió que persisten rezagos graves en el acceso a la justicia para las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad como indígenas, mujeres en pobreza o trabajadoras sexuales.
Uno de los puntos críticos señalados fue el uso de la prisión preventiva oficiosa, que debe ser revisado para evitar violaciones a la presunción de inocencia y a la libertad personal.
En respuesta, el Gobierno de México aseguró que atenderá las recomendaciones con apego a sus compromisos internacionales. A través de un comunicado, la Secretaría de las Mujeres informó que el seguimiento de las observaciones será coordinado por la Cancillería y su dependencia, con participación de más de 50 instituciones nacionales.