Un juez federal concedió una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo relacionado con el Tramo 5 del Tren Maya, una de las secciones más controvertidas del megaproyecto ferroviario impulsado por el Gobierno federal. La resolución no cancela automáticamente las obras, pero sí impone obligaciones legales inmediatas en materia ambiental y reactiva un conflicto judicial que acompaña al proyecto desde su arranque.
El fallo ordena a las autoridades ambientales, en particular a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de su Subprocuraduría de Recursos Naturales, reforzar la inspección, vigilancia y conservación de los recursos naturales en la franja que va de Cancún a Tulum, en el estado de Quintana Roo.
La decisión judicial se inscribe en una larga cadena de litigios que han cuestionado la viabilidad ambiental del proyecto desde sus primeras fases.
La suspensión definitiva fue otorgada dentro de un juicio de amparo y obliga a las autoridades ambientales a cumplir estrictamente con sus funciones de supervisión y protección ecológica en el Tramo 5.
En términos prácticos, el fallo no frena por sí mismo toda la construcción, pero sí exige que se revisen, protejan y preserven los ecosistemas involucrados, especialmente aquellos considerados de alta fragilidad ecológica: selvas tropicales, cenotes y complejos sistemas de ríos y acuíferos subterráneos.
Activistas y especialistas en derecho ambiental señalan que la resolución establece un precedente relevante: aunque no paraliza las obras, condiciona su continuidad al cumplimiento efectivo de la legislación ambiental vigente.
La resolución instruye directamente a instancias federales, entre ellas la Profepa, a realizar inspecciones, verificar posibles afectaciones y garantizar la conservación de los recursos naturales en la zona intervenida.
El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en responsabilidades administrativas o incluso legales para los funcionarios encargados de la vigilancia ambiental.
En ese sentido, el fallo judicial desplaza el foco del debate, que durante meses se centró en la viabilidad económica y política del proyecto, hacia la rendición de cuentas en materia ecológica.
El Tramo 5: epicentro del conflicto ambiental
El tramo que conecta Cancún con Tulum ha sido uno de los más cuestionados desde el inicio del Tren Maya. Las razones son múltiples:
- Presencia de ecosistemas altamente vulnerables
- Sistemas de cuevas y ríos subterráneos interconectados
- Riesgos para la biodiversidad y el equilibrio hidrológico de la región
Diversas organizaciones civiles han advertido que la construcción en esta zona podría alterar de manera irreversible el delicado entramado geológico de la península de Yucatán, donde el suelo kárstico facilita la filtración directa hacia los mantos acuíferos.
Integrantes del colectivo Sálvame del Tren consideraron que la suspensión definitiva representa un avance en la defensa ambiental, al obligar a las autoridades a actuar conforme a la ley y no limitarse a autorizaciones administrativas generales.
En su interpretación, el fallo abre la puerta a una mayor supervisión independiente y coloca el énfasis en la protección del entorno natural por encima del ritmo de construcción.
El conflicto en torno al Tren Maya no es aislado. De acuerdo con la Cuenta Pública 2024 y documentos financieros oficiales, proyectos emblemáticos del actual sexenio, entre ellos el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, arrastran al menos 65 litigios y han registrado provisiones y posibles pérdidas por más de 41 millones de pesos del erario.
En ese contexto, la suspensión definitiva sobre el Tramo 5 no representa el fin del proyecto, pero sí confirma que el megaproyecto ferroviario continúa avanzando entre resoluciones judiciales, presiones ambientales y un escrutinio público cada vez más intenso.
