Isaac, Edgar Iván y Joel, tres jóvenes que no se conocen entre sí, fueron detenidos en las últimas 48 horas en distintos operativos señalados por familiares y acompañantes como “arbitrarios” y “con características de secuestro”. Las capturas, realizadas por presuntos agentes de la Fiscalía General de Nayarit que no portaban identificación ni uniformes oficiales, han encendido las alertas de colectivos y ciudadanos ante lo que consideran un nuevo episodio de represión en el estado.
De acuerdo con los testimonios recabados, los tres casos ocurren en un contexto de tensión política, denuncias de corrupción y señalamientos contra autoridades estatales, especialmente en torno a la fiscal Ludmila Heredia Verdugo y al funcionario Gabriel Camarena. Los familiares acusan que las detenciones responden a represalias y presiones políticas más que a investigaciones sustentadas.
Isaac Cárdenas: detenido en su casa por oponerse a obras públicas
La detención de Isaac Cárdenas, conocido entre sus allegados como “Chakín”, ocurrió cerca de la medianoche, cuando al menos diez hombres armados ingresaron a su domicilio sin identificarse como agentes. Su madre, Mary Valdéz, relató que los sujetos sometieron al joven con violencia y lo subieron a camionetas sin placas ni logos oficiales.
A Cárdenas se le ha atribuido públicamente una supuesta falta administrativa y un caso de cohecho, pero familiares y conocidos aseguran que se trata de un acto de intimidación por su activismo y por haber cuestionado proyectos impulsados por autoridades estatales, como la intervención al parque de La Loma y la demolición de la Ciudad de las Artes.
Desde su detención, su familia denuncia falta de información clara sobre su situación jurídica y obstáculos para garantizarle defensa adecuada.
Edgar Iván: señalamientos desmentidos y un operativo violento
Un caso similar vivió Edgar Iván, de 29 años, trabajador de Coppel, detenido a las afueras de su domicilio por sujetos que tampoco se identificaron. Su madre, Cristina, narró entre lágrimas que su hijo fue levantado por la fuerza y criminalizado de inmediato mediante versiones oficiales que aseguraban que fue detenido “en flagrancia”.
Un video difundido posteriormente contradice esa versión, mostrando un operativo violento y sin protocolos visibles. Familiares de Iván y Cárdenas coincidieron en denunciar un “montaje” y la intención de vincular a ambos jóvenes en un mismo hecho para justificar las detenciones.
Organizaciones de derechos humanos que dan seguimiento al caso advierten que la detención se dio en medio de un ambiente de presunta fabricación de delitos y uso político de la justicia.
Joel Marín: un abogado detenido tras promover amparos
El tercer detenido, Joel Marín, es abogado del empresario Héctor Cárdenas Curiel, quien mantiene un conflicto legal con autoridades estatales y con el propio Gabriel Camarena. La detención ocurrió en Guadalajara, donde Marín llevaba asuntos relacionados con la defensa de su cliente.
Fuentes cercanas al caso aseguran que la Fiscalía de Nayarit abrió decenas de carpetas de investigación contra él por la presentación de amparos que buscaban frenar un presunto despojo de bienes. Su familia, incluida su hijo de nueve años, permanece a la espera de que se defina su situación jurídica.
Marín ya había expresado temor por una posible detención debido a lo que consideraba un ejercicio abusivo del poder por parte de autoridades estatales.
Un patrón de criminalización y represión, señalan acompañantes
Los tres casos, ocurridos con pocas horas de diferencia, se dan en la misma semana en que cinco trabajadores del SUTSEM fueron vinculados a proceso tras protestar por pagos pendientes, pese a criterios judiciales que protegen la libre manifestación.
Colectivos y especialistas consultados advierten que podría configurarse un patrón de criminalización del disenso, particularmente bajo la nueva administración de la fiscal Ludmila Heredia Verdugo, cuya llegada —afirman— ha estado marcada por operativos agresivos y decisiones judiciales cuestionadas.
Familiares de los detenidos se mantienen afuera de las instalaciones de la Fiscalía en Tepic, denunciando falta de acceso a expedientes, nula comunicación institucional y temor por la integridad de los jóvenes.
Temor por nuevas detenciones
Personas cercanas a los afectados aseguran que existen listas internas con nombres de activistas, periodistas y defensores que, según sus dichos, podrían ser blanco de próximas detenciones. Esto ha incrementado la percepción de riesgo entre quienes han documentado o denunciado presuntos actos de corrupción o abuso de autoridad en Nayarit.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General de Nayarit no ha ofrecido una postura oficial completa sobre las detenciones ni ha aclarado las circunstancias en que ocurrieron los operativos.
Con información de Ulises Rodríguez