El que ha sido considerado uno de los mayores casos de huachicol fiscal en México enfrenta ahora un giro judicial que pone en riesgo su avance. Un tribunal federal revocó la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra Edgar Marín Meza Moreno, propietario de la empresa Impulsora de Productos Sustentables, debido a irregularidades en la integración del expediente.
La resolución se derivó de que la Fiscalía General de la República (FGR) omitió notificar a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante el proceso, una falla que terminó por debilitar la acusación presentada por las autoridades.
El caso se remonta a octubre de 2019, cuando la empresa importó 28.7 millones de litros de diésel a bordo del buque Atlantic Bay, pero solo declaró ante las autoridades aduaneras 7.2 millones de litros, de acuerdo con la investigación federal.
Esta diferencia habría provocado un daño al erario estimado en 173 millones de pesos, monto derivado tanto de derechos de importación no pagados como de impuestos omitidos (IEPS e IVA) por el combustible que presuntamente terminó circulando en el mercado negro.
La compañía Impulsora de Productos Sustentables fue fundada en 2013, en el contexto de la reforma energética impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el objetivo de participar en el nuevo mercado de combustibles. Con el tiempo logró posicionarse como proveedora de combustible para la aerolínea Interjet.
Sin embargo, para finales de 2021, la empresa ya acumulaba una deuda superior a mil 191 millones de pesos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), organismo encargado del suministro de turbosina en terminales aéreas del país.
El combustible involucrado en la operación investigada fue vendido por Gunvor Group, multinacional de materias primas con sede en Suiza, empresa que el año pasado fue bloqueada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el marco de sanciones internacionales.
La revocación judicial no implica el cierre definitivo del expediente, pero sí representa un revés importante para la FGR, que deberá reponer el procedimiento si pretende mantener la acusación por contrabando de combustible en lo que se ha señalado como uno de los expedientes más relevantes contra el huachicol fiscal en el país.