La SCJN ordenó admitir las acciones colectivas presentadas por Cofece, que buscan una indemnización millonaria por prácticas monopólicas en la distribución de medicamentos.
Por primera vez en su historia, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara admitir a trámite acciones colectivas contra distribuidoras farmacéuticas, a quienes acusa de prácticas abusivas que habrían generado un daño de más de 2 mil 300 millones de pesos a consumidores.
En una votación dividida (tres votos contra uno), la Segunda Sala del máximo tribunal revocó el rechazo inicial que había dictado la jueza Dinorah Hernández, especializada en competencia económica, y declaró fundadas las apelaciones de la Cofece.
Las acciones van dirigidas contra la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar), así como contra las empresas Casa Saba y Fármacos Nacionales, señaladas por coludirse durante una década, de 2006 a 2016, para manipular precios, limitar descuentos y condicionar el suministro de medicamentos.
¿Qué busca la Cofece?
Aunque la Cofece ya había sancionado en 2021 a 21 personas físicas, cinco empresas y la propia Diprofar con multas por 903 millones de pesos —el tope legal—, ahora busca recuperar el daño estimado a los consumidores, que asciende a 2 mil 316 millones de pesos, y canalizar esos recursos al programa IMSS-Bienestar.
El monto es inédito, tanto como el hecho de que el dinero no se destinaría directamente a los afectados, sino al sistema de salud pública, algo que no está previsto de manera común en este tipo de litigios.
Las acciones colectivas, incluidas en la legislación mexicana desde 2011, han tenido hasta ahora poca efectividad debido a trabas legales y procesales. En más de una década, ninguna demanda de este tipo ha derivado en una sentencia definitiva con reparación económica, por lo que el caso promovido por la Cofece representa un posible parteaguas.
¿Y qué pasará con el caso?
El futuro del litigio aún es incierto. Aunque la Corte ya ordenó su admisión, el fondo del asunto todavía debe resolverse en tribunales, lo cual podría tardar años.
Además, la Cofece está por desaparecer como órgano constitucional autónomo, debido a la reforma administrativa impulsada por el Gobierno federal. En su lugar, las funciones pasarán a la Comisión Nacional Antimonopolios, un nuevo organismo descentralizado adscrito al Poder Ejecutivo.
Esto significa que el caso quedará en manos de una institución que ya no contará con autonomía constitucional, lo que ha generado preocupación entre especialistas y defensores de la libre competencia.
En 2016, el IMSS intentó algo similar al presentar demandas civiles por prácticas monopólicas contra seis empresas farmacéuticas, reclamando 700 millones de pesos. Sin embargo, esas acciones no eran colectivas y a la fecha siguen sin resolverse.