El caso de presunta corrupción en la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2025-2027 ha colocado nuevamente a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en el centro de la polémica. De acuerdo con información obtenida por transparencia, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene abiertas al menos 13 investigaciones administrativas por presuntas irregularidades cometidas dentro de la paraestatal.
Las indagatorias se desprenden de denuncias ciudadanas canalizadas a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), y están directamente relacionadas con el proceso de compra de medicamentos a nivel federal. Aunque la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro confirmó la existencia de estas investigaciones, se reservó los nombres y cargos de los funcionarios involucrados, al tratarse de casos aún en curso.
Los señalamientos no se limitan al interior de Birmex. La Secretaría también investiga a 16 empresas farmacéuticas por su posible participación en la red de corrupción. En al menos un caso, la farmacéutica Biomedics fue inhabilitada, lo que confirma la existencia de responsabilidad empresarial en las anomalías detectadas.
La magnitud del daño estimado asciende a 13 mil millones de pesos por sobreprecio en la compra consolidada, una cifra que pone en entredicho los mecanismos de control dentro del sistema de adquisiciones públicas.
A raíz de las primeras investigaciones, seis funcionarios han sido separados de su cargo, incluyendo al ahora exdirector general de Birmex, Iván de Jesús Olmos. También fueron cesados Fabián López Xochipa, encargado de la Dirección de Planeación Estratégica; Emma Luz López Juárez, directora de Administración y Finanzas; y Carla Irene Anaya Guendulain, encargada de Logística.
Aunque diversos medios han solicitado conocer los niveles jerárquicos y funciones específicas de los implicados, la dependencia federal argumentó que la información es confidencial hasta que concluyan las diligencias correspondientes. “El sistema integra la información por rubros, sin que se tenga uno específico respecto al rango de la persona investigada”, justificó la Secretaría en su respuesta oficial.
La Compra Consolidada de Medicamentos es uno de los principales mecanismos del gobierno federal para abastecer el sistema de salud pública en el país, lo que convierte este caso en un tema de alto interés público. La opacidad en torno a los detalles del caso y la falta de reglas claras en los procesos de adjudicación han sido objeto de críticas por parte de organizaciones civiles y analistas del sector.
Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones, mientras se sigue evaluando la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios y empresas involucradas. El caso de Birmex es, una vez más, un llamado de atención sobre la necesidad de mayor transparencia, vigilancia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos destinados a la salud.
Ya desde el mes de abril cuando la presidenta Sheinbaum señaló que todo aquel funcionario que estuviera involucrado en la red de revisión de dichas compras, sin importar el rango y tipo de cargo debería de enfrentar sanciones por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.