La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el aún titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aceptó integrarse al cuerpo diplomático mexicano. El anuncio, hecho en la conferencia matutina, se produce mientras el fiscal arrastra una gestión marcada por polémicas, investigaciones inconclusas y críticas por el uso discrecional del poder.
“Le ofrecí incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta”, dijo Sheinbaum. La mandataria justificó la invitación señalando que el funcionario está por cumplir siete años al frente de la Fiscalía, como si el simple paso del tiempo bastara para cerrar un ciclo cargado de pendientes.
La salida de Gertz ocurre sin que la Fiscalía haya aclarado casos emblemáticos que golpearon la confianza ciudadana: desde las fallas en la investigación del accidente donde murió su hermano, pasando por el uso político de expedientes, hasta investigaciones de alto impacto que quedaron congeladas. A pesar de este historial, el Gobierno optó por una salida tersa para el fiscal, acompañada de un nombramiento diplomático cuyo país destino aún no se revela.
Para organizaciones civiles y especialistas en justicia, el movimiento parece más un blindaje que un relevo. En lugar de una revisión de su gestión o un proceso transparente de evaluación, Gertz obtiene un asiento diplomático que lo coloca fuera del escrutinio interno.
Sheinbaum también confirmó que Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México y figura clave dentro del proyecto político del oficialismo, ya asumió funciones como Consejera Jurídica de la Presidencia. Godoy, quien enfrentó resistencias para su ratificación en la capital, llega ahora a una posición estratégica en el gobierno federal.
El doble anuncio perfila una reorganización que reacondiciona piezas históricamente cercanas al grupo en el poder. Mientras uno sale del país con nombramiento diplomático, otra asciende a una de las oficinas más influyentes del gabinete.
Lo que no se aclaró es cómo se llevará a cabo el relevo en la Fiscalía General, un organismo constitucionalmente autónomo cuya independencia ha sido puesta en entredicho durante la administración de Gertz. La Presidencia evitó responder si ya existe una terna prevista o si se respetará un proceso abierto y transparente.
Por ahora, el mensaje del Gobierno parece ser otro: cerrar discretamente una etapa marcada por controversias y redistribuir cargos entre figuras de confianza, mientras las dudas sobre la procuración de justicia continúan sin resolverse.