Aunque la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en Materia de Extorsión se aprobó con el argumento de cerrar paso a uno de los crímenes que más afectan a la población y al sector productivo, especialistas advierten que el marco legal dejó cabos sueltos que podrían limitar su efectividad.
Consultado por medios jaliscienses, el politólogo Sandro Arreola apuntó que, aunque la norma incorpora herramientas clave como la investigación de oficio, lo que permitirá iniciar indagatorias sin denuncia previa, y la protección de la identidad de víctimas, el Congreso de la Unión dejó fuera aspectos que considera fundamentales para combatir el delito de manera integral.
Según el académico, el Legislativo dio el aval a marchas forzadas y sin escuchar a víctimas, lo que se reflejó en dos omisiones centrales: la falta de claridad sobre extorsiones telefónicas y la ausencia de un apartado específico para abordar casos en los que servidores públicos estén involucrados.
“Hoy la ley permite investigar sin denuncia, pero no existe una fiscalía especializada que se haga cargo de esa responsabilidad. Si no se crea, la reforma se quedará corta”, señaló.
Extorsión telefónica y corrupción oficial, fuera del radar
Arreola subrayó que gran parte de los casos actuales ocurren vía telefónica, desde supuestos secuestros virtuales hasta amenazas desde centros penitenciarios. Sin embargo, el texto aprobado no detalla cómo diferenciar jurídicamente entre modalidades ni define procedimientos claros para su persecución.
Además, lamentó que la reforma no refuerce mecanismos anticorrupción para atender hechos de extorsión cometidos por funcionarios, pese a que es una práctica documentada en distintos niveles de gobierno.
“No hay ajustes para perseguir a servidores públicos que extorsionan. Esa omisión abre un flanco débil”, dijo.
Reducción de penas a funcionarios, foco de tensión
Otro punto que generó inquietud fue la reserva impulsada por el senador Ricardo Monreal para reducir las penas contra autoridades que omitan denunciar extorsión. La propuesta, aprobada en el proceso legislativo, modificó el castigo original de 10 a 20 años a un rango de cinco a 12 años.
Para el especialista, este cambio envía un mensaje contradictorio.
“Si ya cuesta que la autoridad actúe en delitos probados, con sanciones reducidas el escenario podría ser aún más complicado”.
Ley positiva, pero incompleta
A pesar de las críticas, Arreola reconoció que la legislación representa un avance y puede fortalecer la estrategia nacional de seguridad encabezada por Omar García Harfuch. Aun así, insistió en que la creación de una fiscalía especializada y la incorporación de mecanismos contra la extorsión oficial serán necesarias para su correcta aplicación.
En un país donde la extorsión ha pasado de ser delito silencioso a convertirse en oficio criminal estructurado que afecta desde comercios familiares hasta grandes empresas, la implementación y los pendientes de esta ley se perfilan como uno de los temas a seguir en los próximos meses.