La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa con la construcción de una casa de descanso a la orilla de la Laguna de Bacalar, a pesar de una orden judicial que exige suspender de manera inmediata las obras por riesgo ambiental.
La edificación, ubicada en la zona federal frente al Fuerte de San Felipe, monumento histórico del estado, avanza desde marzo pasado, en medio de señalamientos de organizaciones ambientalistas y habitantes de la zona que consideran el proyecto como un atentado ecológico contra uno de los ecosistemas más frágiles del país.
La suspensión definitiva fue concedida el pasado 5 de junio por un juez de Distrito de Quintana Roo, en respuesta a un juicio de amparo promovido por las organizaciones civiles Proyecto de Justicia Común (Projuc) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano A.C. (DMAS). No obstante, este lunes 9 de junio, las máquinas y los trabajadores continuaban con la construcción, como pudo constatar este medio en el lugar.
La resolución judicial ordena detener toda obra mientras se resuelve el juicio de fondo, al considerar que el proyecto representa una amenaza al equilibrio ecológico y a los derechos humanos de la comunidad. Las organizaciones denunciantes acusan omisiones por parte de autoridades municipales, estatales y federales para proteger el medio ambiente y vigilar el uso de suelo en la región.
Entre los actos reclamados destacan la exención irregular de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la falta de supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Según los activistas, la Sedena ha ejecutado la obra sin los permisos ambientales necesarios.
Además, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA) informó que el proyecto fue clausurado por no contar con un plan de manejo de residuos al momento de una inspección, otro indicio del manejo irregular de la obra.
Para las organizaciones civiles, la suspensión definitiva representa una victoria legal y ciudadana, y advierten que este caso puede sentar un precedente en la lucha por detener proyectos gubernamentales que se desarrollen al margen de la legalidad ambiental.
El conflicto se enmarca en una zona de alto valor ecológico y cultural: la Laguna de Bacalar, también conocida como la Laguna de los Siete Colores, es considerada uno de los cuerpos de agua más importantes del sureste mexicano, y se encuentra bajo fuerte presión turística e inmobiliaria desde hace varios años.
Sin embargo, la Sedena no ha emitido una postura pública sobre el desacato a la orden judicial.