La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó sancionar a los aspirantes al Poder Judicial que resultaron electos y cuyos nombres aparecieron en los acordeones filtrados durante el proceso de selección. La medida, que aún debe ser aprobada por el Consejo General, plantea multar con el 10 por ciento del tope de gasto de campaña a quienes incurrieron en esta práctica irregular.
De acuerdo con datos de la Unidad de Fiscalización, 685 de los 3 mil 300 candidatos que participaron en el proceso aparecieron en al menos uno de los 63 acordeones detectados por la autoridad electoral. De ese grupo, se estima que al menos 400 ganaron el cargo por el que contendían.
El caso más significativo es el de los nueve integrantes electos para la Suprema Corte de Justicia, quienes figuran en la mayoría de los documentos filtrados, lo mismo que quienes obtuvieron un lugar en el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral.
El tope de gastos de campaña para estos tres cargos fue de un millón 468 mil pesos, por lo que la sanción ascendería a 146 mil pesos para cada uno. En el caso de los Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral, el límite fue de 881 mil 304 pesos, mientras que para Magistrados de Circuito fue de 413 mil 111 pesos y para Jueces de Distrito de 220 mil pesos.
La propuesta fue aprobada en la Comisión con cuatro votos a favor, de las consejeras Dania Ravel y Carla Humphrey, así como los consejeros Jaime Rivera y Uuc-Kib Espadas, y uno en contra, del consejero Jorge Montaño.
Para que el acuerdo entre en vigor, será necesario el respaldo de al menos seis de los once integrantes del Consejo General, en la sesión programada para el lunes. No obstante, consejeros como Claudia Zavala, Arturo Castillo y Martín Faz ya se han pronunciado en contra del uso de acordeones, lo que abre la posibilidad de que se conforme una mayoría de siete votos a favor de la sanción.
Esta decisión marcaría un precedente sin parangón en la vigilancia del proceso de selección judicial, y refleja la creciente presión social por garantizar transparencia y legalidad en los nombramientos del sistema judicial.