Han pasado 15 años desde la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y la justicia en el caso sigue sin llegar. Solo existen dos sentencias condenatorias, ninguna por homicidio, mientras familiares de las víctimas mantienen el reclamo de verdad y reparación.
El 22 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres, originarios en su mayoría de Centroamérica, fueron secuestrados y asesinados en un rancho de Tamaulipas. Aunque la versión oficial atribuye el crimen al grupo delictivo Los Zetas, a la fecha persisten dudas sobre la investigación y el posible encubrimiento de responsabilidades.
“Definitivamente no está resuelto”, advirtió Eduardo Rojas, coordinador de Estado de derecho de la Fundación para la Justicia, en entrevista con el diario Animal Político.
“Seguimos con el mismo dolor”
En testimonios difundidos este 21 de agosto por la Fundación para la Justicia, familiares recordaron la impunidad del caso.
“Ya son 15 años que nosotros queremos justicia y reparación, pero ya pasaron muchos años y siempre seguimos con el dolor como si fuera el día uno”, señaló Miriam Carmen Solórzano, madre de Glenda Yaneira Medrano.
Cruz Alonso Ortiz, padre de otra víctima, reprochó: “Tenemos 15 años y no vemos claro que haya justicia para todos los que murieron. Queremos justicia, no queremos que quede impune todo eso”.
Ambos familiares subrayaron que sus hijos no eran delincuentes, sino personas trabajadoras que buscaban un futuro mejor.
Irregularidades y omisiones
De acuerdo con la investigación retomada por Animal Político, el expediente del caso presenta graves inconsistencias: declaraciones obtenidas bajo tortura, evidencia procesada de manera irregular, contradicciones en los testimonios de los sobrevivientes e incluso dudas sobre la fecha de los hechos.
Rojas subrayó que la Fiscalía se ha negado a explorar la posible complicidad de autoridades con grupos criminales. “Estos grupos no operan de forma aislada, requieren tolerancia o colaboración de autoridades”, afirmó.
En enero pasado se dictaron dos sentencias de hasta 82 años de prisión, pero solo por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. “No existe todavía ninguna sentencia por homicidio”, lamentó Rojas.
Sobre la identificación de víctimas, 63 cuerpos fueron reconocidos, aunque en siete casos persisten dudas de las familias, y nueve permanecen sin identificar.
Atención del Estado y política migratoria
Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se han dado avances en materia de reparación, principalmente por recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, los familiares consideran insuficiente la respuesta.
Otro punto crítico es la militarización de la política migratoria en México, con la Guardia Nacional como actor principal. “Buena parte de sus integrantes están siendo utilizados para impedir que las personas migrantes crucen la frontera, en línea con la estrategia de Estados Unidos”, señaló Rojas.
El especialista advirtió que la situación actual de los migrantes en México continúa marcada por violencia, detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos, como quedó evidenciado en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023.
“Así como exigimos derechos para los mexicanos en el extranjero, debemos mostrar empatía hacia quienes llegan a nuestro país buscando una vida mejor”, concluyó.
Con información de Animal Político.