La propuesta de reforma a la Ley de Amparo presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Senado de la República ha generado preocupación entre colegios de abogados y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten que, de aprobarse sin cambios, los principales afectados serían los ciudadanos y los colectivos, mientras que las autoridades podrían resultar beneficiadas.
El proyecto plantea modificaciones a figuras clave del juicio de amparo, como el concepto de “interés legítimo”, la suspensión en casos de prisión preventiva oficiosa y la justicia en línea.
Estos cambios, advierten especialistas, podrían limitar el acceso a la protección judicial, en particular para comunidades indígenas, pueblos originarios y sectores vulnerables como la comunidad LGBTQ+ o grupos ambientalistas.
Entre los aspectos más cuestionados está la restricción a la figura de la suspensión en materia penal, que actualmente ha permitido detener detenciones preventivas de personas inocentes.
Asimismo, la iniciativa propone acotar el alcance del “interés legítimo”, mecanismo que ha servido para frenar proyectos con impactos ambientales o sociales.
Las organizaciones también han señalado riesgos de incertidumbre jurídica, al considerar que la redacción de la propuesta puede abrir la puerta a interpretaciones diversas por parte de jueces, abogados y autoridades, dejando en desventaja a la ciudadanía.
A ello se suma la preocupación por los efectos que la reforma tendría en la independencia judicial, dado que los jueces podrían enfrentar presiones adicionales bajo la supervisión del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.
Desde su presentación el pasado 15 de septiembre, la iniciativa ha sido calificada como un posible retroceso en el acceso a la justicia y en la defensa de los derechos humanos, al debilitar el juicio de amparo, considerado históricamente como uno de los principales instrumentos legales para proteger la vida, la libertad, el patrimonio y la seguridad jurídica de las personas en México.
