El hostigamiento judicial contra periodistas y medios de comunicación en México alcanzó una cifra récord durante los primeros siete meses de 2025, con 51 procesos legales iniciados, alertó la organización internacional Article 19.
En el informe titulado “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, que se dará a conocer este martes, la agrupación advirtió que el uso del marco legal como herramienta punitiva representa un riesgo grave para la libertad de expresión y el derecho a la información.
“Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. En total, 39 periodistas, 28 hombres y 11 mujeres, y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale a un nuevo procedimiento cada cuatro días, en promedio”, señaló la organización.
La cifra supera cualquier registro de la última década: en 2021, el año con más denuncias, se habían contabilizado 40 casos, un número ya rebasado en poco más de medio año. Article 19 enfatizó que la violencia contra la prensa ya no se limita a amenazas o agresiones físicas, sino que se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales.
Uso faccioso de la ley
El informe advierte que actores políticos y figuras públicas han encontrado en el sistema judicial un mecanismo para amedrentar a periodistas. Una de las prácticas más preocupantes es el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), la cual, según la organización, se ha empleado para silenciar y censurar no sólo a periodistas, sino también a ciudadanos críticos.
De las 51 acciones judiciales registradas en lo que va del año, 25 fueron por VPEG, con órganos electorales y tribunales que, de acuerdo con Article 19, han sido laxos al admitir los recursos promovidos por actores políticos, a pesar de su evidente uso como mecanismo de presión.
La organización concluyó que este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano, que pone en entredicho la independencia judicial y abre la puerta a nuevas formas de censura en el país.