El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado avanza en México sin que exista un marco legal que tipifique esta práctica como delito. A pesar de los llamados de organizaciones civiles y exhortos legislativos, el Congreso de la Unión mantiene estancadas las iniciativas que buscan otorgar protección y reconocimiento pleno como víctimas a las infancias afectadas.
Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Reinserta estiman que alrededor de 250 mil menores se encuentran en riesgo de ser cooptados. De acuerdo a un reportaje publicado por el medio Animal Político, tan solo en 2023, la Redim y el Observatorio Nacional Ciudadano documentaron que 899 jóvenes privados de la libertad fueron reclutados y utilizados por grupos criminales para cometer delitos. La mayoría, advierten, es captada desde los 11 años mediante amenazas o promesas económicas.
Las cifras del Inegi muestran un incremento en las carpetas de investigación contra menores de edad: de 3 mil 321 casos en 2021 a 6 mil 629 en 2023, con lesiones, robo, amenazas, abuso sexual y narcomenudeo como los delitos más frecuentes.
Hechos como el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, presuntamente cometido por un joven de 17 años; el hallazgo de dos cuerpos implicados en ese caso, uno de ellos de 16 años; y la detención, en Tabasco, de un adolescente de 14 años vinculado al crimen organizado, vuelven a exponer el fenómeno.
Pese al aumento del reclutamiento infantil, la legislación mexicana no lo reconoce explícitamente como delito. Para ello sería necesario reformar el Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que actualmente solo prohíbe su uso en conflictos violentos, dejando un vacío normativo.
En el Congreso se acumulan propuestas sin dictaminar. Distintos grupos parlamentarios como Movimiento Ciudadano, han presentado exhortos y reformas para prevenir y penalizar el reclutamiento, sin que ninguno se haya aprobado.
Tras el asesinato de Manzo, diversas organizaciones han urgido al Congreso a tipificar de forma específica este delito, sin reducir la edad de imputabilidad y reconociendo a las infancias como víctimas.
El reportaje señala que la asociación Reinserta ha identificado factores estructurales que potencian el reclutamiento: pobreza, abandono institucional, desigualdad y falta de oportunidades educativas y laborales. A ello se suman omisiones del Estado, que permanece sin atender la recomendación de la ONU, emitida en 2024, para tipificar el reclutamiento infantil y crear un programa nacional de desmovilización dirigido a regiones de alto riesgo.
En sus observaciones, la ONU también urgió a reconocer a niñas, niños y adolescentes reclutados como víctimas, con énfasis en las niñas, y a garantizar políticas de protección efectivas.
El reclutamiento forzado es uno de los motores de la violencia contra personas menores de edad. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que, entre enero y marzo de 2025, se registraron 9 mil 529 delitos contra niñas, niños y adolescentes, un aumento de 4.8% respecto al año anterior.Los homicidios pasan de 549 a 570 casos; la corrupción de menores aumenta 18.5%, y el delito de lesiones crece 6.7%. Entre enero y julio del año en curso, mil 308 menores fueron víctimas de homicidio, con entidades como Guanajuato, Michoacán y Jalisco a la cabeza.