Ante la indignación generada por los aumentos desproporcionados aprobados por la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que no permitirá su aplicación y que su equipo ya revisa las vías legales para revertir la decisión.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario calificó los incrementos como “fuera de toda proporción” y respondió al llamado “megatarifazo” avalado en junio por la Comisión Tarifaria del SIAPA. “No voy a permitir esos abusos. Mi equipo está revisando la vía legal para que esa determinación quede sin efecto”, publicó Lemus.
El ajuste tarifario aprobado implicaría aumentos que van del 44% hasta más del 200% para los usuarios domésticos de menor consumo, lo que ha generado fuertes críticas por su impacto en las familias de menores ingresos. Además, el gobernador anunció que presentará en breve una propuesta integral de reingeniería del SIAPA con el fin de mejorar la eficiencia del organismo y la calidad en la prestación del servicio.
Aumento desproporcionado
El alza fue aprobada por mayoría el pasado 6 de junio durante la cuarta sesión de la Comisión Tarifaria, donde se votó a favor de un incremento del 44.34% en el costo por metro cúbico de agua —que pasaría de 19.91 a 28.74 pesos— y de un 44.3% en la cuota de administración, que subiría de 83.67 a 120.77 pesos por usuario.
Además, el nuevo esquema contempla eliminar el subsidio a quienes consumen hasta cinco metros cúbicos mensuales, obligándolos a pagar por cada metro cúbico utilizado. Esto se traduce en aumentos de hasta 216% para ese sector de la población.
En el caso de las zonas de pobreza, el incremento alcanzaría 40.6%, pasando de 63.93 a 89.92 pesos por un consumo de hasta siete metros cúbicos. La misma proporción de aumento se aplicaría a zonas de beneficencia, como asilos y albergues.
Los votos en contra no fueron suficientes para detener el ajuste. Representantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Panamericana (UP), asociaciones vecinales de Tlaquepaque y del Ayuntamiento de Tonalá se abstuvieron de votar, mientras que el resto de los 12 integrantes de la comisión avalaron la propuesta.