En México, enfermarse se volvió un lujo. Durante el sexenio pasado, la población más vulnerable del país enfrentó el retroceso más significativo en el acceso a servicios públicos de salud en más de una década. La reducción en cirugías, consultas y estudios clínicos por parte del Estado obligó a millones a voltear hacia el sector privado, aún a costa de su patrimonio.
De acuerdo con datos oficiales recopilados por el diario Animal Político, entre 2018 y 2024 el sistema de salud pública registró un retroceso en varios indicadores clave. Las cirugías públicas se redujeron 6%, mientras que en hospitales privados aumentaron 33%, lo que representa 358 mil operaciones más. En paralelo, las consultas médicas generales disminuyeron en 21% en el sector público, mientras que las privadas de especialidad crecieron 17%.
El contraste es aún más crudo si se analizan los estudios clínicos: en instituciones públicas se dejaron de realizar 41 millones de análisis entre 2018 y 2024, mientras que en laboratorios privados la demanda creció hasta llegar a 23 millones de estudios anuales en 2023, un aumento de casi 35% respecto al inicio del sexenio. El número de laboratorios privados también se incrementó: de 892 a 1,012.
Estos datos coinciden con una disminución drástica en el presupuesto para insumos médicos básicos. En el primer año del sexenio, el gasto en materiales y suministros de laboratorio cayó 82%, lo que significó 654 millones de pesos menos para las instituciones públicas.
Aunque la Constitución garantiza el derecho a la salud, en la práctica, ese derecho dejó de ejercerse plenamente. El resultado fue un fenómeno que especialistas como Luis Javier Cortés, del CIDE, llaman “privatización silenciosa”: el costo de atención médica fue trasladado a las familias. Solo entre los hogares más pobres, el gasto en salud creció 54% de 2018 a 2022.
La respuesta del mercado fue inmediata. La infraestructura hospitalaria privada creció: las unidades médicas con entre 15 y 24 camas aumentaron 21% en seis años; las camas censables pasaron de 33,630 a 36,514. A la par, también aumentaron los seguros médicos. En 2012 había 4.6 millones de personas con pólizas de gastos médicos mayores; en 2024, la cifra alcanzó los 6.4 millones. En el rubro de seguros de salud, enfocados en primera atención, la cifra se disparó de 1.7 millones en 2018 a más de 8.3 millones en 2024, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Este viraje no es casual. El sexenio pasado desmanteló el Seguro Popular, el programa transexenal que atendía enfermedades de alto costo, bajo el argumento de corrupción, sin que existieran denuncias concretas. Fue sustituido por el Insabi, que fracasó en apenas dos años. Después, se transfirió la responsabilidad al IMSS-Bienestar. El cambio de modelo derivó en la desaparición de más de 74 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
De los 119 mil millones de pesos que tenía ese fideicomiso en 2018, sólo quedaban 45 mil millones en 2023, una caída del 62% sin que el Gobierno detallara en qué se gastaron esos recursos. Ese dinero financiaba tratamientos de cáncer, trasplantes y otras enfermedades que requieren atención especializada.
El resultado fue inmediato y brutal: más personas recurriendo al gasto de bolsillo, más endeudamiento familiar y una atención diferenciada entre quienes pueden pagar y quienes no. La promesa de poner “primero a los pobres” terminó con millones de personas más dependiendo de un sistema privado cada vez más robusto, pero desigual.
En México, hoy, estar sano depende más que nunca de lo que hay en el bolsillo. Y mientras el sistema público se encoge, la salud se vuelve una moneda de cambio que muchos ya no pueden pagar.