La Secretaría de Salud operará con 11 programas menos en 2026, de acuerdo con la Estructura Programática presentada por la Secretaría de Hacienda. El ajuste representa una reducción del 40.7% en el número de programas presupuestarios, al pasar de 27 a solo 16, informó Judith Méndez, directora adjunta del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El rediseño responde, según la dependencia, a una estrategia de consolidación y optimización del gasto. No obstante, especialistas advierten que esta fusión de acciones podría dificultar el seguimiento puntual de recursos públicos destinados a problemáticas prioritarias, como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, el VIH y la vigilancia epidemiológica.
«Se pierde la trazabilidad en rubros clave que deberían ser prioritarios», alertó Méndez, al advertir que la nueva estructura no permite identificar con claridad cuánto se invertirá por enfermedad o población vulnerable, como sí sucede en otros sistemas de salud internacionales.
Entre los programas que quedarían eliminados destaca el de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, así como los de Vigilancia Epidemiológica y Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, advirtió que esta reorganización forma parte de una política de austeridad que ha debilitado progresivamente los servicios públicos. El legislador detalló que las acciones antes distribuidas en distintos frentes se agruparán en un solo programa denominado “Política de Prevención y Control de Enfermedades”, lo que implicará una atención generalizada sin distinguir entre enfermedades crónicas, transmisibles o poblaciones específicas.
La medida, subrayó el legislador, pretende generar ahorros, pero podría afectar la calidad y especificidad de la atención médica, al homogeneizar condiciones de salud que requieren abordajes diferenciados.
Con la desaparición de programas emblemáticos, especialistas y actores del sector salud coinciden en la necesidad de garantizar mecanismos que aseguren la transparencia, el seguimiento y la eficacia del gasto en salud pública.