El diferendo entre la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y la Auditoría Superior del Estado (ASE) no solo generó polémica política y mediática, sino que dejó al descubierto lagunas jurídicas en el marco de fiscalizació en Guerrero, advirtió el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien aseguró que, en términos legales, la razón la tiene la presidenta municipal.
El líder morenista consideró que el Congreso local debe asumir su responsabilidad y trabajar en el diseño de un marco jurídico armonizado que evite conflictos como el registrado entre el Ayuntamiento de Acapulco y el órgano fiscalizador estatal, luego de que la alcaldesa optara por comprobar cerca de 900 millones de pesos únicamente ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
González Varona sostuvo que, aunque el caso generó “mucho ruido”, el fondo jurídico favorece a la jefa de cabildo porteña, ya que 97.3% de los recursos que recibe Guerrero provienen del gobierno federal, mientras que el estado apenas genera 2.7% de sus ingresos.
Bajo ese contexto, explicó que Abelina López actuó conforme a la ley al rendir cuentas exclusivamente ante la ASF, pese a los requerimientos de la ASE. “Ella tiene la razón, aunque eso no exime que la Auditoría estatal y el Congreso busquen un convenio de coordinación con la ASF para fortalecer la fiscalización”, puntualizó.
El dirigente recordó que, durante la legislatura anterior, cuando presidió la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la ASE, promovió exhortos para renovar convenios de colaboración, al detectar que varios ayuntamientos evadían la rendición de cuentas recurriendo al amparo, con resultados favorables ante los tribunales.
A su juicio, el caso Acapulco confirma la urgencia de armonizar la ley en materia de fiscalización, ya que, de no hacerlo, más municipios podrían acudir a la vía judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminaría por darles la razón. Aunque afirmó que el asunto de Acapulco “ya está cerrado”, insistió en que el Congreso debe regular el tema para evitar que se le salga de control al órgano fiscalizador local.
EL CASO LLEGA A LA CORTE
El pasado 14 de enero, las ministras María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, así como el ministro Giovanni Figueroa Mejía, propusieron declarar infundados los alegatos de las partes quejosas en torno a las controversias constitucionales 174/2025 y 176/2025.
Tanto el Poder Legislativo como la Auditoría Superior del Estado reclamaron la admisión de dichas controversias y la suspensión concedida a la alcaldesa, la cual ha impedido que se auditen las finanzas municipales por un presunto manejo irregular de 898 millones de pesos de origen federal.
En distintos recursos de reclamación, las autoridades estatales argumentaron que la admisión de la controversia no era procedente y que se les negó interés jurídico, además de señalar que la suspensión ha retrasado el procedimiento de fiscalización de la cuenta pública 2023, cuya resolución permanece pendiente.
El debate, más allá del caso específico, abre una discusión de fondo sobre los límites y alcances de la fiscalización estatal frente a los recursos federales, un tema que, según Morena, exige ajustes legales urgentes para evitar nuevos conflictos institucionales.