La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, anunció que reconsiderará su propuesta de cambio de criterio sobre el derecho a la consulta de personas con discapacidad, tras escuchar los argumentos y preocupaciones expresados por colectivos durante la primera audiencia pública convocada por el máximo tribunal.
El encuentro, que se celebró del 20 al 22 de octubre en la sede de la Corte, reunió a decenas de participantes presenciales y virtuales bajo la consigna “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Durante las sesiones, representantes de la comunidad con discapacidad advirtieron que la propuesta de Batres podría generarles cargas adicionales y limitar el ejercicio de sus derechos.
“Recogemos la inconformidad. Este punto lo vamos a reconsiderar, porque si se percibe como una carga, no es esa la idea. Al contrario, buscamos reconocer su personalidad jurídica”, afirmó la ministra en el cierre de los trabajos. Añadió que el proyecto será reformulado y se seguirá consultando a las personas involucradas “para tomar una decisión más acertada y útil para quienes debe servir: las personas con discapacidad del país”.
Una propuesta que generó inconformidad
El debate se originó a partir de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDHMO), que impugnó dos artículos de la ley que rige a ese organismo por no haber sido consultadas personas con discapacidad.
En su proyecto de sentencia, Batres planteaba que la invalidez de una norma por falta de consulta no pudiera declararse de oficio, sino a solicitud expresa de personas con discapacidad, respaldada por firmas. Esta disposición fue señalada por colectivos como una medida que trasladaría la responsabilidad del Estado hacia los propios afectados.
“Participar no significa cargar con la obligación de vigilar lo que el Estado debe garantizar”, expresó Sandra Liar, una de las participantes, al subrayar que la consulta “no es un favor, sino un compromiso internacional y constitucional”, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Voces que marcaron el debate
Durante la audiencia, diversas abogadas y activistas coincidieron en que las consultas previas deben mantenerse como una obligación estatal. “¿Quién decide qué nos favorece si no se nos pregunta?”, cuestionó la abogada Sandra Padilla, al rechazar la idea de que se elimine la posibilidad de invalidar leyes sin consulta.
Por su parte, Alejandra Pacheco pidió que la Corte garantice que las personas con discapacidad sean “parte activa y protagonista” del proceso judicial, educativo y social. “La consulta pública garantiza que el ejercicio de derechos sea genuino, incluyente y vinculante”, sostuvo.
La Corte reconoce el valor del diálogo
Al término de las sesiones, los ministros destacaron la relevancia del ejercicio de escucha y coincidieron en que las intervenciones serán determinantes para la resolución final.
“El diálogo con ustedes ha sido un ejercicio democrático realmente provechoso”, expresó el ministro Giovanni Figueroa, quien aseguró que las observaciones serán integradas en la sentencia. La ministra Yasmín Esquivel añadió que la experiencia permitió “aprender sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad” y subrayó que el compromiso del tribunal es “no dar un paso sin ustedes”.
El nuevo proyecto de resolución será elaborado tras incorporar los planteamientos de los colectivos, en un proceso que, según los propios ministros, busca fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones judiciales.