Petróleos Mexicanos (Pemex) entra en una nueva etapa. Ante la caída prevista de 40 % en su producción de crudo hacia 2033 y una deuda con proveedores cercana a los 40 mil millones de dólares, el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo abre la puerta a una mayor participación de la iniciativa privada en la empresa más importante del país, marcando distancia con el modelo energético de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
El Plan Estratégico 2025-2035, presentado el pasado 5 de agosto, plantea un cambio profundo en la operación de la petrolera, sustentado en contratos mixtos que permitirán a empresas privadas participar con capital y riesgo compartido en todas las fases de la cadena productiva: exploración, extracción, refinación e infraestructura.
La estrategia busca evitar una crisis petrolera que, según el propio documento, podría extenderse durante todo el sexenio de Sheinbaum y la primera mitad del siguiente si no se suma inversión externa.
“La figura de los contratos mixtos no solo impulsa la viabilidad financiera de proyectos clave, también contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos de seguridad energética y desarrollo del país”, afirmó Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, al presentar su Informe Anual 2024.
De la soberanía al pragmatismo
El giro marca un viraje político respecto a la administración pasada. Mientras López Obrador defendió un modelo de “autosuficiencia” con control estatal de la producción y la refinación, Sheinbaum adopta un enfoque pragmático, priorizando la estabilidad financiera y el cumplimiento de metas productivas sobre el discurso nacionalista.
Para 2033, Pemex proyecta una producción de 1.02 millones de barriles diarios, un nivel comparable al de los años ochenta. Con los contratos mixtos, busca mantener una plataforma de 1.8 millones de barriles diarios entre 2027 y 2035, compartiendo riesgos con empresas privadas que aportarán capital y tecnología.
Un modelo con ecos de la reforma energética
El esquema recuerda a los contratos de la reforma energética de 2013, impulsada por Enrique Peña Nieto, aunque con mayor control administrativo de Pemex sobre los ingresos. La petrolera prevé crear un fideicomiso de administración y pago, que garantizará la transferencia de ingresos a los inversionistas en un plazo de 24 horas tras la exportación de los hidrocarburos.
Entre las empresas interesadas figuran Carso Energy, Harbour Energy, Sinopec, Diavaz y Jaguar, entre otras. Estos nuevos jugadores podrían aportar hasta 450 mil barriles diarios en 2033, equivalentes al 25 % de la producción nacional.
Una deuda que ahoga
El entusiasmo por la apertura contrasta con una realidad financiera asfixiante. Pemex mantiene adeudos a proveedores y contratistas por casi 40 mil millones de dólares, de los cuales cerca de la mitad no están reconocidos formalmente en su sistema contable, según estimaciones del analista Luis Miguel Labardini-Deveaux.
“Los contratos mixtos buscan privilegiar a las empresas que participen en la nueva etapa, pero olvidan los compromisos con quienes han sostenido la operación durante años. Se les sigue pagando a cuentagotas”, advierte el especialista.
La deuda y la pérdida del grado de inversión —desde 2020— complican el acceso a financiamiento y elevan los costos de operación. Aun con las emisiones de bonos y apoyos fiscales, analistas como Gonzalo Monroy, director de GMEC, anticipan que “sin inversión privada, el colapso del sector sería inevitable hacia 2027”.
Reservas en declive y producción en caída
El diagnóstico es contundente. En los últimos seis años, Pemex redujo su producción de 1.68 millones a 1.55 millones de barriles diarios. Los pozos activos pasaron de 7,400 en 2019 a 5,334 en 2024, y las reservas probadas disminuyeron drásticamente en campos como Ayatsil y Maloob.
Entre 2019 y 2024, la petrolera tampoco cumplió sus metas anuales de producción. En 2022, por ejemplo, el desvío alcanzó -13.2 %, según sus propios reportes.
El Plan Estratégico reconoce además un desafío técnico: los nuevos yacimientos que se desarrollarán bajo contratos mixtos —como Trión, Zama, Konen y Yawa— concentran crudo ligero, mientras que refinerías como Dos Bocas fueron diseñadas para procesar crudo pesado, lo que obligará a replantear la planeación del Sistema Nacional de Refinación.
La nueva política energética
El Programa Sectorial de Energía 2025-2030 (Prosener), presentado por la Secretaría de Energía el 15 de octubre, respalda la inclusión del capital privado bajo el principio constitucional de que los recursos del subsuelo seguirán siendo propiedad de la Nación, pero su aprovechamiento podrá realizarse “mediante contratos con particulares”.
El documento reafirma que el Estado conservará la rectoría del sector, aunque de facto Pemex entra en una fase de cogestión económica con el sector privado, donde la viabilidad financiera será el nuevo eje de la política energética.
Con ello, Claudia Sheinbaum se distancia de la visión estatista de su mentor político. En los hechos, la presidenta redefine la narrativa del sector energético mexicano: menos ideología, más pragmatismo.